AFP/ Bruselas. Los cancilleres de la Unión Europea (UE) deciden este lunes en Luxemburgo si levantan las sanciones contra la Isla impuestas en 2003 y actualmente suspendidas, con una "aplastante mayoría" de países, entre ellos España, a favor, y una minoría aún reticente, con República Checa a la cabeza.

"Hay una aplastante mayoría que está de acuerdo con el planteamiento de la anulación de la decisión de 2003 y una ilustre minoría que todavía no está totalmente convencida, y subrayo el 'todavía'", dijeron fuentes diplomáticas europeas al referirse a la posición de los 27 para la reunión de este lunes, que se celebra en plena crisis por el "no" de los irlandeses al nuevo tratado europeo.

La presidencia eslovena de la UE preparó un texto base en el que se propone levantar las sanciones de 2003, impuestas contra el régimen por la condena de 75 disidentes y la ejecución sumaria de tres secuestradores de una lancha que pretendían emigrar a Estados Unidos.

La propuesta de anulación de estas sanciones, suspendidas desde 2005 gracias a la presión del gobierno español, viene acompañada de una oferta de diálogo político con el régimen que encabeza Raúl Castro.

De todos modos, el proyecto de conclusiones de la presidencia eslovena hace referencia a una "reevaluación" de la situación dentro de un año, a mediados de 2009, según fuentes europeas.

Pero si bien la cuestión fue debatida varias veces en los últimos días a nivel de expertos y embajadores en Bruselas de los países de la UE, no se logró llegar a un acuerdo a 27, en particular por la reticencia de ciertos socios, como la República Checa y Holanda, indicaron a la AFP esas fuentes.

"Hay países reticentes a dar su acuerdo, como la República Checa, que quieren garantizarse que el diálogo político con el gobierno sea útil. Holanda es otro país que tiene reservas", explicaron las fuentes.

Sin embargo, el planteamiento general dentro de la UE es que hay que "aprovechar la oportunidad" que se presenta con los "cambios" del gobierno de Raúl, afirmaron por su parte las fuentes diplomáticas.

"El planteamiento general es sencillo y comprensible: en Cuba las cosas se están moviendo y la situación actual de sanciones que no se aplican nos impide llevar adelante una política activa. Estamos perdiendo una oportunidad", señalaron.

El problema es que si bien la UE mantiene suspendidas las sanciones desde 2005 y propuso en junio de 2007 a La Habana un diálogo político abierto, el gobierno cubano se niega a restablecer las relaciones bilaterales hasta que se levanten definitivamente las medidas en su contra.

Dentro de la UE, la situación también es compleja, ya que España ha normalizado sus relaciones con La Habana sin esperar al resto de sus socios e impulsa una política de acercamiento que no es compartida por ex países comunistas como República Checa y Polonia.

En el debate interno en la UE se mezcla también la posición de los dirigentes de la oposición en la Isla, que el martes pasado dijeron que un eventual levantamiento de las sanciones equivaldría a "castigar" a la sociedad civil y la oposición interna.

"Lo que quiere el Gobierno es que ignore la existencia de una oposición para permitirse continuar con las violaciones de los derechos humanos y no tener siquiera un reproche de la Unión Europea", subrayaron en una misiva Martha Beatriz Roque y Vladimiro Roca, dos de los líderes de la oposición.

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