La problemática de los derechos humanos refleja cada vez con más fuerza las encontradas tendencias del entorno político internacional. A tal punto, que la propia Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Louis Arbour, ha advertido de la urgencia de reconciliar dos concepciones rivales en esta esfera: las libertades civiles y los derechos socioeconómicos.

Más aún, Arbour ha declarado "no estar totalmente convencida de que si la Declaración Universal (1948) fuese objeto de una resolución del Consejo de Derechos Humanos, sería adoptada por consenso".

Actualmente, "los Estados no parecen dar prueba de tener la misma voluntad que aquella que los animaba a raíz de la II Guerra Mundial", cuando se comprometieron a defender "la universalidad de todos nuestros derechos y de nuestras libertades".

Estas declaraciones de la jurista canadiense que desde hace tres años dirige la estratégica esfera, coincidieron con el aniversario 59 de ese instrumento clave de Naciones Unidas, conmemorado el pasado 10 de diciembre.

En una entrevista publicada por el diario suizo Le Temps, Arbour va más allá en su enfoque, al intentar explicar que los derechos humanos no son una ideología, aun cuando toda su problemática esté regida por lo que califica de "marco jurídico muy desarrollado, que incluye nueve grandes tratados internacionales".

Según su análisis, "pocos años después de la adopción en 1948 de la Declaración Universal, ésta fue objeto de un cisma jurídico, tras haberse aprobado, de un lado, un pacto sobre derechos civiles y políticos, y del otro, un pacto referido a derechos económicos, sociales y culturales".

Esta división, que la funcionaria considera un "cisma de la Guerra Fría", puede muy bien responder a los encontrados intereses y niveles de desarrollo que marcan las actuaciones políticas de los Estados, en la tan acuñada división Norte-Sur.

Para la Alta Comisionada, la ratificación y los compromisos de los Estados con esos dos Pactos van de acuerdo a las prioridades o preferencias que cada cual asume.

Los grandes perdedores

De ahí que pusiese el ejemplo de que "los países occidentales han tenido siempre una preferencia muy remarcada por los derechos civiles y políticos, dejando los otros al mercado, en el entendido de que la prosperidad por sí misma iba a permitir desarrollarlos".

Es así como Arbour señala el ejemplo de que Estados Unidos ha ratificado el primero, o sea, el de los derechos civiles y políticos, y desestimado el segundo, el de las cuestiones económicas, sociales y culturales, y China haya hecho todo lo contrario.

En su opinión, los occidentales se han equivocado, puesto que aún en el mundo más desarrollado, los más pobres requieren de una protección de sus derechos para que también puedan acceder a la justicia social.

A partir de esos enunciados, la Alta Comisionada dice que frecuentemente se tiende a asociar los derechos humanos a los derechos civiles y políticos, de manera que "derechos humanos es igual a democracia y cambio de régimen".

Pero el problema no se queda ahí. Esta ecuación no agrada totalmente a los países del Tercer Mundo, por razones que Arbour incluso dice que no son siempre muy honestas.

El mundo en desarrollo tiende a asociarse con los reclamos en la esfera de aplicación de los derechos económicos y sociales, en detrimento en muchas ocasiones de las libertades políticas y civiles.

En el fondo, ya sean el cisma, las rivalidades, los intereses opuestos, todo queda amalgamado en una especie de círculo vicioso. Habría que preguntarse quién tiene la fórmula mágica para romperlo y cuántas vidas más estarán en peligro antes de que se logre una armonización.

Por ello, Louis Arbour aboga por una reconciliación urgente de los dos Pactos, que se refuerce el concepto de indivisibilidad y universalidad de todos esos derechos, tal como establecen los 30 artículos que conforman la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Con un estilo más diplomático, la Alta Comisionada utilizó justamente la tribuna de la sexta sesión del flamante Consejo para hacer un llamamiento a los Estados y a la comunidad internacional, de reafirmación de los principios y valores contenidos en la declaración.

Es evidente que de esas rivalidades los grandes perdedores no son siquiera los organismos encargados de derechos humanos, sino quienes en el interior de los países padecen sistemáticas violaciones de todos sus derechos, ya sean de libertad de expresión, opinión, filiación política o religiosa, o de determinar bajo cuáles sistemas sociales quieren vivir.

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