Con gran desaliento ha recibido la comunidad pro democracia del interior de la Isla la decisión del Consejo de Derechos Humanos de eliminar el monitoreo que durante varios lustros atendió, desde el sistema de Naciones Unidas, la situación de los derechos humanos en la Isla.

Muchos ciudadanos medianamente informados y sinceramente inquietos por el desconocimiento permanente y raigal que de los derechos fundamentales hace el gobierno, se preguntan qué parámetros, requisitos o criterios guían a la alta instancia internacional para considerar que debe desatenderse de la compleja situación cubana.

Muchos se preguntan si el pueblo, desamparado desde el punto de vista político, jurídico e informativo, debe pagar tan alto precio por la politización y las paralizantes incongruencias que ha padecido durante años el sistema global destinado a promover y proteger el respeto de los derechos humanos en el mundo.

Ciertamente, la instalación del nuevo Consejo de Derechos Humanos despertó no pocas esperanzas, en el sentido de que la comunidad internacional —encabezada por las naciones e instituciones vanguardia en la promoción de la integridad y dignidad del hombre— hubiera encontrado los mecanismos metodológicos, diseños y compromisos que la capacitaran para impulsar ese respeto y garantías al más alto nivel posible.

Los demócratas cubanos creímos ver en este nuevo órgano la posibilidad de pasar de la cíclica confrontación política entre dos Estados adversarios al análisis mesurado, profundo y consecuente de las carencias estructurales y jurídicas, que hacen de Cuba el país occidental con peor expediente en cuanto a respeto y garantías de los derechos individuales.

A pesar de que el Consejo de Derechos Humanos sigue siendo el único tribunal donde los criminales confesos son jueces, la propuesta de la revisión periódica de oficio y la posibilidad de activar más eficaces mecanismos de monitoreo y evaluación hacían prever una más efectiva incidencia en el tema, a nivel global y particularmente en el caso cubano.

Ante estas expectativas, ni siquiera la elección del gobierno cubano como miembro fundador del Consejo (gracias al voto de varios regímenes con ejecutorias, criterios e intereses afines a las autoridades de La Habana) inquietó demasiado a los demócratas del patio, convencidos de que esta vez las violaciones institucionales no quedarían incólumes.

Lo sucedido en realidad es que se han ido desmontando poco a poco los mecanismos de monitoreo y cuestionamiento de la situación de los derechos humanos, sin que el gobierno se vea obligado a responder a las múltiples acusaciones y evidencias sobre el delicado tema.

Leyes ilegales

Los presupuestos constitucionales y legales vigentes desconocen y violan los más elementales derechos, las autoridades y funcionarios no respetan los derechos y potestades ciudadanos reconocidos legalmente, para lo cual se amparan en la impunidad y falta de transparencia de una sociedad corporativa. En la Isla no existen mecanismos independientes de promoción y protección de los derechos humanos, ni ejercicio independiente del derecho.

Por otra parte, el tema de los derechos humanos permanece excluido del sistema de educación y el gobierno no decide adherirse a los instrumentos jurídicos internacionales que los promueven y protegen. Esta especie de licencia internacional se le concede a un gobierno que durante años ha incitado y dirigido la violencia callejera y los pogromos fratricidas contra los que se atreven a expresar criterios divergentes.

Cuba se encuentra incluso muy lejos de naciones como China y Vietnam, que, con casi nula tradición democrática y manteniendo férreo control del poder y altas cotas de exclusión y represión, han abierto considerables espacios al desenvolvimiento económico, cívico y social de sus ciudadanos. Esto ha posibilitado un considerable avance en desarrollo y bienestar, constituyendo además un basamento válido en la lucha por el respeto a todos los derechos.

La violación de los derechos económicos y sociales de los cubanos, así como de sus prerrogativas cívicas, llega al punto de establecer la exclusión y discriminación de los ciudadanos por motivo de la nacionalidad, a favor de los espacios, beneficios y prebendas que se conceden a los extranjeros, favorecidos por esa especie de apartheid empresarial, médico, turístico y educativo que arremete la sensibilidad humana y la autoestima nacional.

Animando la represión

A lo dicho se agrega la reciente visita realizada a la Isla por el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, quien sólo vio y escuchó lo que los representantes del gobierno quisieron mostrar y decir. Sin molestarse en consultar fuentes alternativas o vivencias reales, se apuró a elogiar la ejecutoria de las autoridades en esta materia.

Tampoco reparó en un hecho público y notorio: a pesar del control monopólico que mantiene el régimen sobre la producción y distribución alimentaria, el país afronta graves problemas de disponibilidad y acceso a los alimentos, gracias a la atrofia estructural que frena las potencialidades productivas y comerciales.

Cuba es hoy una de las naciones de más baja tasa de seguridad alimentaria del planeta, lo que le obliga a importar el 84% de lo que comen los ciudadanos.

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