En marzo pasado, el diario oficialista Granma publicó una serie de artículos referidos a la construcción de viviendas en Cuba. Uno de ellos estuvo dedicado a Ciudad de La Habana, que en febrero sólo había concluido 619 de las 10.672 planificadas para este año y donde el 29 por ciento de las 589.000 viviendas están en regular o mal estado.

Otro habló del municipio tunero de Jobabo, donde de las 1.335 casas que estaban en ejecución a principio de año sólo se han concluido 19. Luego le tocó el turno al municipio habanero de Nueva Paz, en el cual el 53 por ciento de los inmuebles está en regular o mal estado. Y después el periódico se trasladó a Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río.

Como los cuatro artículos contienen un denominador común, a saber, la responsabilidad familiar en la construcción de los hogares, hablaré sólo del último de ellos.

"La construcción de la vivienda de Quintín Amparo Chirino no avanza a buen ritmo. Hace varios días que no se trabaja. Lo indica la hierba que ha comenzado a salir en lo que será el piso. El cemento a granel que le han entregado para la obra podría echarse a perder y las cabillas para los arquitrabes que darán consistencia a la armazón de paredes muestran los primeros síntomas de corrosión". Así comienza el artículo Sin tiempo que perder.

En septiembre del pasado año, Granma publicó un reporte —acerca del informe presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular por el secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros— en el que se dio a conocer que, debido al "mejoramiento de las posibilidades financieras del país", se iban a "construir y terminar no menos de 100.000 viviendas nuevas por año a partir del 2006", el "mayor plan habitacional aprobado en Cuba durante toda su historia".

Según el reporte, la nueva concepción se basa en el concepto de que "el constructor principal sea la propia familia que vivirá el inmueble", pues la "batalla de ideas", en la que están ocupados los constructores profesionales, no debe afectarse en lo más mínimo.

Surgida coyunturalmente del conflicto entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, la "batalla de ideas" —prohibición del debate constructivo entre ideas y su conversión en marchas, consignas, tribunas y discursos movilizativos desde y por el poder político— se ha convertido en una cortina para ocultar la incapacidad del Estado en la solución del problema habitacional.

Proclamado en ese contexto, el plan de las cien mil viviendas anuales, depositado ahora en la familia, no responde como debía responder a las necesidades y/o a la importancia del papel ciudadano en la solución de los problemas que le afectan, sino al simple hecho de que primero está la "batalla de ideas".

Esa definición, emergida de uno de los supuestos bastiones del marxismo, olvida aquello de que "los hombres antes de pensar en política, en filosofía y en religión, tienen que comer, beber y vestirse", y por supuesto, tener donde cobijarse. Desde esos criterios, desconociendo la experiencia de la humanidad acerca de que la cueva, la choza y la casa antecedieron a las consignas, tribunas y discursos, la vivienda no califica para considerarse parte de la supuesta batalla, en la que están ocupados los constructores profesionales.

'Piedra y arena'

En el artículo se dice que, desde 2002, cuando los huracanes Isidore y Lili destruyeron su hogar, Quintín se encuentra en una vivienda temporal. Sin embargo, en su solar "tiene piedra y arena" y "le aseguran que hay disponibilidad de más materiales y techo". Mientras tanto, él "y su hijo de 34 años no los están usando" porque esperan por la asignación de constructores que les ayuden a terminar su casa.

Desde la óptica del periodista de Granma se infiere que el hecho de no tener donde vivir es responsabilidad de Quintín, al igual que los cientos de miles de cubanos que, recibiendo "piedra y arena", son incapaces de construirse su propia vivienda.

Resulta que 47 años después de ignorar la imprescindible participación ciudadana en un problema tan vital e insistir infructuosamente, primero sólo desde el Estado y luego desde las Microbrigadas —definidas por ley como "la primera forma de construcción de inmuebles"—, también bajo su control, se les entrega piedra y arena para que construyan sus casas, mientras los recursos más importantes y la fuerza calificada se reservan a fines de "mayor importancia".

Una decisión totalmente huérfana de los medios y libertades correspondientes: existencia de un mercado libre de materiales de construcción, en moneda nacional y a precios asequibles; libertad para crear pequeñas empresas constructoras, productoras de materiales y de transportes; y créditos con baja tasa de interés; sin los cuales tal decisión puede asemejarse a una tomadura de pelo.

Según el articulista, "en todo Pinar del Río la situación es compleja, pues muchas veces no se comprende que la participación popular es decisiva. Los municipios de San Cristóbal, San Juan y Martínez y Bahía Honda debían haber concluido 279 viviendas al cierre de febrero, pero apenas sumaban 14", es decir, el 5 por ciento de lo planificado; mientras a nivel de provincia "el pronóstico al finalizar el trimestre ronda el 50 por ciento de lo planificado". Así, "en los próximos meses se arrastrarán los 918 hogares que no han estado a tiempo".

De igual forma, el presidente del Poder Popular de Consolación del Sur expresó: "Todavía no hemos logrado que la totalidad de las familias se convenzan de que deben ser ellas los principales constructores de sus hogares y algunos esperan que se los hagan". La intención es clara: conservar los medios y fuerzas en manos del Estado y la responsabilidad en la familia.

Si a eso se agrega que desde 2002, a causa de los huracanes, unas 102.000 casas han sido dañadas en Pinar del Río y que de ellas cerca de 20.000 aún esperan por su reparación o construcción, se puede arribar a la conclusión de que ni la vivienda de Quintín, ni la de otros cientos de miles de cubanos, se terminarán en los plazos anunciados.

Junto a la falta de brazos hay otras dificultades, como la transportación de materiales, debido a la falta de combustible y al estado técnico de los vehículos; el momento "pico" de la campaña de tabaco, que demanda abundante fuerza de trabajo; la industria local de materiales que, aunque cuenta con la infraestructura necesaria, no alcanza a abastecer la demanda del municipio; las bloqueras paradas por falta de materias primas; y la tenencia de una cantera de áridos, pero sin transporte para su traslado.

Todo ello pone en evidencia que el plan de las 100.000 viviendas fue elaborado sin tener en cuenta los medios más elementales para su realización, lo que sólo puede ser resultado, además del voluntarismo, de una manifiesta incapacidad, o de deslizar la responsabilidad hacia la familia cubana, carente de posibilidades, derechos y libertades.

Teniendo en cuenta los cientos de miles de viviendas dejadas de construir y el actual crecimiento demográfico, al ritmo de 100.000 anuales, se requiere, para resolver el déficit acumulado, de 20 años con esa regularidad.

Si a ello se agrega que el actual plan de viviendas, como los que le precedieron, está condenado al fracaso por la ausencia de una verdadera participación ciudadana —autónoma y paralela al Estado—, dotada de los correspondientes medios, derechos y libertades que permitan a la familia desempeñar su papel como sujeto y no como objeto de decisiones políticas, al abultado déficit existente se sumará la vivienda de Quintín y la de nuevas decenas de miles de cubanos.

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