En el artículo Vivienda, cifras para meditar, publicado en agosto por el diario Granma, la autora, citando al director de inversiones del Instituto Nacional de la Vivienda (INV), se refirió al proyecto estatal encaminado a construir cien mil viviendas anuales y rehabilitar otros cientos de miles. Los datos y criterios expresados se pueden resumir en cuatro aspectos: 1) el alto costo del proyecto; 2) la prioridad de los planes comprendidos en la Batalla de Ideas; 3) la marcha del plan; y 4) la participación familiar en dicho plan.

En cuanto al costo del proyecto, expresó que dicho plan "obligará a erogar miles de millones de pesos y un monto apreciable de divisas", las cuales están condicionadas directamente por los vaivenes de la economía internacional, "cuyo síntoma más alarmante resulta el vertiginoso ascenso de los precios del petróleo".

Según el artículo, para poder concluir 48.752 viviendas en el primer semestre de 2006, hubo que gastar 102 millones en moneda libremente convertible (MLC), con un promedio de 2.092 unidades monetarias por inmueble; mientras que para concluir este año poco más de 119.000 viviendas, se requerirá un monto superior a los 501,3 millones en MLC y otros 39,5 millones en servicios básicos de acueducto, alcantarillado y electricidad.

Para la ejecución de ese proyecto, el Estado incurre en millonarios subsidios, por ejemplo, el techo metálico de una vivienda de 70 metros cuadrados, cuesta no menos de 1.120 dólares y se vende por aproximadamente 1.000 pesos cubanos. Lo que no dice el artículo es que mil pesos cubanos equivalen a cuatro meses de salario promedio.

Que las viviendas y el petróleo tienen un alto costo —este último atenuado por las íntimas relaciones de La Habana con el gobierno de Chávez— son datos a tener en cuenta en el momento de la elaboración del plan, y no ahora, cuando la evidencia de su incumplimiento recomienda ir preparando las mentes. Por eso, como dice el refrán, cuando el río suena es porque…

Una insalvable contradicción

Con relación al segundo aspecto, del plan de 2006 menos del 4% de los inmuebles estarían a cargo de brigadas profesionales. Algo ya conocido desde que se formuló el novísimo proyecto: no se deben "afectar en lo más mínimo las obras de la Batalla de Ideas", donde están concentrados los constructores profesionales.

Lo primero es que el concepto de Batalla de Ideas encierra una insalvable contradicción, pues con las ideas se pueden hacer muchas cosas, menos pelear. La batalla es un concepto militar que designa el combate entre ejércitos, donde el fin de cada uno es destruir al otro, por lo que resulta inaplicable a las ideas, cuyo fin es construir consensos, buscar verdades, explicar fenómenos, o avanzar en el conocimiento, donde incluso las ideas erróneas, tienen también su función.

El término que designa ese otro tipo de actividad social es el Debate de ideas, que parte de la libertad de expresión, la igualdad de oportunidades y el respeto al diferente; escenarios ausentes en nuestro contexto, donde el predominio de la exclusión sólo permite la identidad de los idénticos. Por su origen, la mal llamada Batalla de ideas es un subproducto del conflicto por el balserito Elián González, convertido en campaña político-movilizativa que, desde fines del pasado siglo, ha invadido el escenario cubano.

Resulta que además de lo erróneo y perjudicial del concepto de marras, con el mismo se designa un conjunto de obras como hospitales, policlínicos y albergues para los venezolanos, propias del Ministerio de la Construcción —que no ha sido disuelto—, y obras que el Estado ha situado por encima de una necesidad que casi raya en tragedia: la vivienda, que en la lógica de conservar el poder, no califica entre las prioridades a las que se dedican los constructores profesionales.

El programa habitacional, deducido del punto anterior "retoma el propósito de conceder a las familias papel principal como ejecutoras de los inmuebles donde van a residir". Esta decisión, al menos en las ciudades donde se requieren planes directores y exigencias urbanísticas, la construcción por las familias se limita a erigir casas individuales sin tener en cuenta la necesidad de edificaciones múltiples de varios pisos. Para ello sería necesario, al menos, junto al derecho ahora inexistente para que varios vecinos se asocien, emprendan la obra conjuntamente y contraten a profesionales que tampoco gozan de esos derechos y libertades.

No queda explícito de dónde se retoma el papel principal de la familia, pues en la historia constructiva de viviendas después de 1959, ésta fue sustituida por el Estado paternal. Sería más valiente reconocer que la decisión proviene del fracaso del Estado en su intento de resolver por sí solo el complejo problema de la vivienda; un propósito que al sobrepasar sus posibilidades se desliza hacia la familia, pero sin brindarle a ésta los derechos y la autonomía para participar de forma paralela y activa en un asunto tan vital.

¿Marcha del plan?

El cuarto aspecto se refiere a la marcha del plan de 2006, según el cual deben terminarse unas 119.000 viviendas. Aquí se mezcla la información acerca de nuevas construcciones con las cifras de viviendas reparadas, lo que no permite evaluar la marcha del plan. Resulta que una parte considerable de las casas terminadas son reparaciones efectuadas incluso con las familias dentro del inmueble y no de nuevas construcciones, como lo reconoce la periodista al decir que "no hay todavía un aporte significativo de las nuevas capacidades para atenuar el déficit habitacional existente en el país".

En cuanto a las reparaciones, expresa: "el elevado cumplimiento de las proyecciones no significa que se haya podido atender las necesidades de incontables familias, cuyas casas llevan años en regular y mal estados. Ha habido que concederle prioridad a quienes resultaron damnificados por los huracanes", y agrega: "Si vemos la conservación y la rehabilitación en conjunto, el 45% de las obras ejecutadas en esos 10 meses estuvieron dirigidas a arreglar y a reponer techos devastados por los ciclones".

Es decir, ahora —cuando restan sólo cuatro meses para su cumplimiento— no se trata de cien mil nuevas viviendas, sino esencialmente de reparaciones; y no sólo de reparaciones, sino esencialmente de las viviendas dañadas por los huracanes. Una vez más queda demostrado que sin la verdadera participación ciudadana y de la sociedad civil, sin los correspondientes derechos y libertades y sin el restablecimiento de la relación entre salario y costo de la vida, será imposible cumplir la meta en cuanto a cantidad, mucho menos en cuanto a calidad, en ausencia de constructores profesionales. En fin, que las viviendas cuestan mucho y primero está lo coyuntural: la batalla de ideas.

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