La administración Obama encuentra en el sur de la Florida que la mayoría de los electores votó por el candidato demócrata, pero mantuvo a la troika republicana de representantes cubanoamericanos en el Congreso federal. Se malogró así la clave estratégica procastrista, enunciada por Francisco Aruca en la última sesión (Miami, febrero 19, 2008) de la llamada Comisión Cubano-Americana por los Derechos Familiares: "Hay que buscar la manera de que al menos uno de estos congresistas pierda".

El analista político Henry Gómez demostró que hasta el grueso del enclave cubano en Hialeah repudió a su ex alcalde Raúl Martínez como representante al Congreso federal por el Distrito 21, y votó mayoritariamente (casi 67%) por John McCain.

Ahora la sección estadounidense de partidarios de Castro en el exterior tendrá que seguir cabildeando sin representación en el caucus demócrata, y aprestarse a montar el carro de asalto a la Oficina de Trasmisiones hacia Cuba, que empezaría con la sustitución del actual director, Pedro Roig, por una figura de pedigrí demócrata, y continuaría con recambios de personal.

La administración Obama tendrá que entrarle con la manga al codo a Radio y TV Martí. Su lema de cambio no podrá menos que concretarse con el abandono del proyecto fútil de la televisión y la reasignación de fondos a la radio. Todos los ex funcionarios de Castro que arriban al exilio con experiencia en las labores de interferencia coinciden en que TV Martí no se verá, aunque el avión Aero-Martí vuele encima de Coppelia.

Por ese hilo debe llegar Obama al ovillo de casi 50 millones de dólares presupuestados por Bush para contribuir al logro de la democracia en Cuba. No sólo habrá que precisar dónde se metió ese dinero. También es necesario determinar cómo emplearlo eficazmente.

Detrás de la 'cubanología'

Obama presentaría muy buenas credenciales de pragmatismo americano, por ejemplo, si desmonta la "cubanología" que en Estados Unidos, bajo diversos ropajes académicos, se cocina en su propia salsa y, antes que dar pautas sociocientíficas para enfrentar a la dictadura, provee a la inteligencia castrista con personas de interés, vínculos útiles y hasta agentes, mientras se enfrasca en artes adivinatorias denominadas con impudicia "análisis de escenarios".

El fiscal general que Obama escoja entre su asesor legal, Eric Holder, su profesor en Harvard, Charles Ogletree, o incluso la gobernadora de Arizona, Janet Napolitano, tendría que dar solución al bochornoso expediente del asesinato de cuatro pilotos de Hermanos al Rescate (febrero 24, 1996), que incluye la confesión grabada del propio Raúl Castro (Holguín, junio 21 de 1996) sobre la orden criminal anticipada de derribar avionetas desarmadas.

Así mismo, deberá prevenir que el fallo judicial definitivo sobre el caso de los cinco espías penitentes de la Red Avispa se desvirtúe por cualquier maraña administrativa en colusión con el régimen de Castro.

Exilio cuasi colonia

La administración Obama sería pragmática si denuncia los acuerdos migratorios con Castro, que conjugan una lotería especial de visas para cubanos con la regla absurda de "pies secos-pies mojados". Así daría el primer paso hacia la solución del complejo problema de la Ley de Ajuste Cubano, que Castro ha venido manejando a su antojo con la tacha retórica de "ley asesina" y el uso práctico de la misma como válvula de escape.

No es plausible que el caucus cubanoamericano (dos senadores y cuatro representantes) pase mucho más tiempo sin encarar la transfiguración del exilio en una cuasi colonia de Castro, luego de tres sonadas invasiones demográficas (Camarioca y los Vuelos de la Libertad, Mariel y la Crisis de los Balseros) y otra silenciosa que ha llegado a reemplazar la balsa de los implicados por la lancha rápida de los contrabandistas, así como cambiar la preferencia del rumbo norte por cualquier otro que propicie el desenlace de la novela migratoria en la frontera de Estados Unidos con México.

Ahora que México dificultará todavía más el paso de cubanos a Estados Unidos, Washington tendría que reflexionar por qué Cuba tiene una cuota graciosa de 20.000 visas al año, si Castro retiene a quien le venga en ganas, con el trámite del permiso de salida, y procede a confiscar las propiedades de quienes logran salir. Ni qué decir del grotesco pasaporte "habilitado" que necesitan los cubanos residentes fuera de la Isla para visitarla.

Miles de cubanos escapan como pueden hacia Estados Unidos en busca de libertad, pero dejan atrás a sus familias, que se vuelven rehenes de Castro. Los exiliados tienen que soportar las tarifas aéreas, telefónicas y consulares más caras del mundo, así como la tasa de cambio más absurda, con el peso de Castro por encima del dólar estadounidense. A precios de monopolio, Castro esquilma al exilio y asegura ingresos desmesurados por explotación desalmada del conflicto migratorio.

Su negocio se hizo más redondo cuando Estados Unidos autorizó las ventas de productos agrícolas a Cuba. Estos productos exportables suelen estar subsidiados por los contribuyentes, entre ellos los exiliados, y terminan por venderse en la Isla en moneda dura, que los propios exiliados proporcionan a través de las remesas familiares.

La administración Obama debe poner fin a este chantaje antes que limitarse a borrar de un plumazo las restricciones impuestas por Bush en 2004, y mantener el embargo como objeto de política simbólica. Tendrá que decidir si el "ajuste cubano" atañe a refugiados, en sentido estricto de perseguidos políticos, o persistirá como trampa para que muchos cubanos sigan arribando a tierras de libertad y enseguida viajen alegremente a la "tierra triste, como tiranizada y de señorío".

¿Los cubanos son el problema?

La banca demócrata, mayoritaria en el Congreso, podría comenzar modificando el precepto que obliga al presidente a certificar el establecimiento de un gobierno democrático en Cuba para decretar el fin del "ajuste cubano". Y si la relación migratoria entre ambos países se vuelve "normal", ¿no tendría Castro que admitir unos 30.000 cubanos con orden de deportación?

Obama encontrará que muchas "voces alternativas" del exilio y la disidencia interna abogan por la libertad: tanto viajes, remesas y paquetes, como intercambios académicos, deportivos y culturales. Pero si Obama se atiene a su prédica de dar soluciones con sentido común a los problemas, tendrá que reparar en que Castro no sólo tiene aherrojadas esas mismas libertades en la Isla, sino que concibió, por lo menos desde que mandó a sus alabarderos Tony de la Guardia y José Luis Padrón a conversar con el "activista demócrata" Bernardo Benes (Panamá, agosto 22, 1977), una estructura monopólica para expoliar a los exiliados en el pleno ejercicio de sus libertades individuales dentro de Estados Unidos.

Al parecer, Castro no tiene ya mucho margen para desatar otra invasión demográfica, pero Obama tiene demasiado para tropezar con la doble reformulación del "problema cubano" como "el problema de los cubanos" y "los cubanos son el problema".

Si el cambio que predica encierra de veras soluciones de sentido común, entonces la Casa Blanca no autorizará sólo a los cubanoamericanos a viajar a la Isla, sino a todos los norteamericanos. Pero los cubanos con ciudadanía americana no tendrían entonces que adquirir el pasaporte más caro del mundo en la oficina consular de Castro. Y una vez abierto el tráfico hacia la Isla, no cabrían barreras en sentido contrario: el "ajuste cubano" caería por su propio peso.

Obama tendría que hilar fino entre un exilio cubanoamericano de perseverante filiación anticastrista y una Cuba agobiada por el desgobierno dictatorial de Castro. No puede caer en el descrédito de mancillar el ideal democrático y de justicia que animó su campaña.

Sin entrar a considerar la presión del voto cubano en el Sur de la Florida, que ya no pinta ni da color en las elecciones presidenciales, pero preserva su foco de agitación local, Obama quedaría desacreditado si presta oídos a los cabilderos procastristas y empeña el interés nacional en el comercio con Castro, quien persigue con avaricia cualesquiera créditos sin tener calificación para obtenerlos, por su deuda equivalente al 86% del producto interno bruto y la mayor deuda externa per cápita ($ 3.915) del mundo.

Este monto se duplica si se incluyera la deuda de la era soviética que jamás pagará a Rusia. Y se multiplicará sin remedio, en caso de que Washington emprenda la aventura.

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