Tras la comparecencia pública del senador Richard Lugar —republicano por Indiana—, defendiendo la conveniencia de moderar las condiciones del embargo, los debates en la cámara baja estadounidense han terminado con la aprobación de un alivio de las restricciones sobre los viajes familiares a Cuba. El proyecto de ley que contiene la medida afronta, no obstante, resistencias en el Senado.

Si es aprobada también por la cámara alta (se sabrá entre hoy y mañana), la legislación permitirá a los cubanoamericanos viajar a Cuba una vez al año, gastar 179 dólares al día y permanecer el tiempo que deseen.

En un informe elaborado por asesores de Lugar se insta al presidente de Estados Unidos a que sea él quien de "un primer paso" en la política respecto a Cuba, y levante las restricciones de viajes y remesas a la Isla antes de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en abril próximo.

Históricamente, la política exterior norteamericana se ha sustentado en dos doctrinas, que son el idealismo wilsoniano y el realismo político. Ambas basculan periódicamente entre las demandas del poder (interés nacional, seguridad nacional) y los imperativos morales (democracia, ordenamiento jurídico, derechos humanos).

Con la llegada a la presidencia de Barack Obama, la diplomacia norteamericana se aprestaría a moverse desde el paradigma de la seguridad nacional y las guerras preventivas, defendido por George W. Bush después de los ataques terroristas de 11-S, hacia una postura —podría decirse— idealista, reasumiendo valores tales como el pleno respeto a los derechos humanos.

Restringir el derecho de viajar libremente a cualquier país del mundo, e incluso a enviar remesas, en este caso a Cuba, va en detrimento de los derechos elementales de los cubanoamericanos y de los propios estadounidenses.

El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes contempla, asimismo, eliminar condiciones establecidas por el gobierno de Bush para las ventas de alimentos y medicinas a la Isla, con lo cual se ampliaría el comercio. Ello incluiría el levantamiento de las restricciones sobre las compras cubanas a crédito, financiadas por agencias especializadas norteamericanas, y beneficiaría a granjeros de estados como Alabama o Carolina del Sur, interesados en plena crisis en elevar sus ventas a La Habana.

Derechos humanos vs. intereses

La actual situación trae a la memoria la política exterior que desplegó el presidente estadounidense Jimmy Carter a partir de 1976. En una de sus reflexiones expresó: "La nuestra es una nación grande y poderosa que se halla comprometida con ciertos ideales permanentes, y estos ideales se deben reflejar no sólo en nuestra política interna, sino también en la externa. Nosotros podemos convivir con la diversidad de los sistemas gubernamentales, pero no podemos disimular cuando un gobierno tortura a la gente o cuando la encarcela a causa de sus creencias".

¿Acaso ahora la política exterior norteamericana hacia La Habana se basa por un lado en el "compromiso con ciertos ideales permanentes" y, por otro, en un pragmatismo calculado capaz de convertir a inveterados adversarios en flamantes socios?

O sea, utilizando un razonamiento utilitario se ha llegado a la conclusión, como afirma Lugar, de que "el embargo no favorece a los intereses norteamericanos", lo cual hace recordar aquello de que "Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses".

De tal suerte, se desecha aludir al tema de las libertades o el Estado de derecho en Cuba y, de facto, se acepta tal cual al gobierno que detenta el poder en la Isla. Es decir, por un lado se hace lo que conviene a Estados Unidos y a sus ciudadanos y, por otro, se acepta la convivencia "con la diversidad de los sistemas gubernamentales", no importa si se trata de uno de los más longevos entre los totalitarios.

Esta fórmula, además de implicar un doble rasero, resulta muy audaz. Podría desarmar ideológicamente al rival, pero a la vez encierra un riesgo para Estados Unidos, sin dejar claro cuáles ventajas traería al pueblo cubano.

Obama no ha fijado condiciones previas para eventuales conversaciones con los Castro y está dando pasos unilaterales para suavizar el embargo sin esperar, en principio, nada a cambio, tal y como hizo Carter a fines de los setenta.

La apertura de Oficinas de Intereses en ambas capitales, así como la anulación de la prohibición de viajes entre Cuba y Estados Unidos en 1979, consiguieron que más de 110.000 cubanoamericanos visitaran la Isla ese año. Ambas iniciativas, entre otras, fueron promovidas por Carter como gestos de buena voluntad.

Sin embargo, ya se sabe cómo Castro devolvió el empeño de la administración de Carter por normalizar las relaciones entre ambos países. A la actual secretaria de Estado, Hillary Clinton, le ha de resultar particularmente cercano, pues en 1980 su esposo, Bill Clinton, era gobernador de Arkansas y tuvo que vérselas con delincuentes y convictos enviados por Fidel Castro desde el Mariel, muchos de los cuales fueron a parar a la base de Fort Chaffee, enclavada en ese estado. Catorce años más tarde, a Clinton, ya presidente, le tocó lidiar con la llamada "Crisis de los Balseros", durante la que centenares de cubanos quedaron confinados en la base naval de Guantánamo.

Falsas premisas para un cambio de política

Claro está que desde el Mariel han pasado casi 30 años y las condiciones actuales de la dictadura no son las mismas. El régimen parece desbordado por los crecientes, diversos y prolongados problemas que encara la población. La vejez y los problemas de salud han devaluado el liderazgo y Fidel Castro interfiere y obstaculiza el pleno desenvolvimiento de su hermano como jefe de Estado. A esto se suma la considerable pérdida de apoyo popular al régimen, derivada de la profunda crisis que padece el país.

Entretanto, Raúl Castro, más allá de la reforma ministerial aprobada esta misma semana, no parece tener aún ningún incentivo para cambiar. Durante el año de su semi-mandato, no ha hecho nada que merezca la acogida internacional que se le dispensa. Mantiene, eso sí, encarcelados a decenas de presos de conciencia.

Desde hace tiempo la Isla no representa una amenaza militar para Estados Unidos, pero sí lo sigue siendo —y con renovados bríos— para la estabilidad democrática en la región. El régimen dejó de exportar la fórmula del foco guerrillero, pero asesora y apoya de diversas formas a líderes populistas de una nueva izquierda latinoamericana.

Chávez, Morales, Correa y Ortega, son aprendices de dictadores que, valiéndose de métodos democráticos, manipulan a su antojo las constituciones y suprimen gradualmente las libertades individuales para perpetuarse en el poder, a imagen y semejanza de su mentor Fidel Castro.

Evidentemente, Washington apuesta hoy por un giro en la política hacia La Habana, la cual durante medio siglo ha mostrado su ineficacia, tanto basándose en el enfrentamiento y las sanciones, como cuando las administraciones de Gerald Ford, Carter y Clinton intentaron acercar posturas. Y es que, desafortunadamente, parten de una premisa falsa al pensar que a los Castro les preocupa el bienestar y el progreso de su pueblo.

Los Castro son defensores acérrimos de un legado antinorteamericano y sustentan su poder en una lucha de contrarios de naturaleza cainita, dogmática e intransigente, que se resume en la siguiente máxima: o ellos o nosotros. No hay sincera voluntad de cambiar, pues ello equivaldría al fin de su poder.

Está por ver si resulta más eficaz catalizar la disolución del régimen convirtiendo a Cuba en un enclave turístico norteamericano —en vez de lanzando octavillas y emitiendo por onda corta—, aunque la opción, en principio, no pase por lograr las libertades y la democracia en la Isla y represente, además, un potencial peligro para Estados Unidos.

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