La Habana y Washington están ofreciendo diversas respuestas frente al auge de la inmigración en Cuba. Coinciden en unas y disienten en otras, pero ambos gobiernos recurren a una doble moral frente a un drama humano.

La Casa Blanca afirma que este aumento obedece a la falta de libertad y a la crisis económica y social reinante en la Isla. En la Plaza de la Revolución, lo ven como el resultado de la "asesina" Ley de Ajuste Cubano.

La administración del presidente norteamericano George W. Bush apela a la demagogia y afirma que está dando los pasos necesarios para ayudar a los cubanos, con el fin de acelerar la transición hacia la democracia. El régimen de Fidel Castro recurre al socorrido expediente de culpar a otros de sus problemas.

En lo que están de acuerdo ambos gobernantes es en considerar que todos (Castro) o muchos (Bush) de los que abandonan la Isla lo hacen por motivos económicos y no políticos, mientras que los refugiados se empecinan en no creer en las promesas de uno o del otro. Dos países tan disímiles unidos por un problema común: miles de desesperados en busca de un destino mejor.

Queda una zona gris que amenaza la larga luna de miel entre el gobierno norteamericano y buena parte de la comunidad exiliada: la política de "pies secos, pies mojados", la cual obliga a los cubanos a tocar suelo norteamericano para obtener asilo. Es precisamente esta política la que Castro aprovecha para explotar las incongruencias de una medida que favorece el contrabando humano, aumenta los riesgos y, en Miami, acentúa las diferencias de percepción y actitud hacia los que huyen de la Isla.

Los balseros del puente

La repatriación de un grupo de quince inmigrantes que llegaron a un puente semiderruido, en una época parte de la línea de ferrocarril entre Miami y los Cayos de la Florida, ha puesto de nuevo en evidencia lo inadecuado del proceso. Pero más allá de lo injusto de la devolución —el estado de abandono del puente no lo excluye de formar parte del territorio norteamericano: no es una "tierra de nadie", imposible apoderarse de los pedazos de armazón en ruina y venderlos como chatarra o declararlos la "República Independiente del Puente"—, la falta de sensibilidad y la indiferencia del gobierno norteamericano es lo que ha indignado a muchos aquí.

Este sentimiento debe extenderse a denunciar la doble moral de Bush y sus seguidores en la radio de esta ciudad, quienes practican la maldad de denunciar a un régimen y al mismo tiempo adoptan una actitud selectiva a la hora de considerar a sus víctimas.

El gobierno de Bush ha preferido dejar inalterables las normas que rigen la política hacia Cuba en los dos puntos claves establecidos por la última administración demócrata. El primero afecta las relaciones comerciales de esta nación con otros países: renovar cada seis meses la prórroga de la puesta en práctica del título III de la Ley Helms-Burton.

El segundo guarda relación con un mayor control de las fronteras, una política migratoria menos amplia y una tendencia creciente a cerrar el país —aspectos en los que se combinan los puntos de vista del Partido Republicano con un cambio de actitud nacional, luego de los ataques terroristas del 9/11—, pero también con el temor siempre presente a un éxodo masivo desde la Isla. En este sentido, la administración ha preferido mantener la política migratoria respecto a Cuba establecida por el ex presidente Bill Clinton.

La condición de exiliado

La Ley de Ajuste Cubano —promulgada en 1966, durante la presidencia del demócrata Lyndon Johnson— se fundamenta en que los cubanos no pueden ser deportados, ya que el gobierno de La Habana no los admite, que en cualquier caso estarían sujetos a la persecución y que en la Isla no existe un gobierno democrático.

La abolición de esta ley es el reclamo preferido y constante de los funcionarios cubanos, durante las diversas reuniones migratorias llevadas a cabo entre Washington y La Habana. Clinton logró darle un rodeo a la ley, con la infame política de "pies secos, pies mojados" y el acuerdo con Castro de que los inmigrantes devueltos no serían perseguidos y podían regresar a sus casas.

Cuando en julio de 2004 se promulgaron las medidas que limitan los viajes familiares y las remesas a la Isla, salió a relucir el argumento de que quienes van a Cuba lo hacen fundamentalmente por motivos económicos, de que en los últimos años Miami se ha llenado de inmigrantes económicos, que sólo se interesan por llenar su barriga y la de sus familiares.

En apoyo a las restricciones, los propios miembros de la comunidad exiliada que las defienden a ultranza, recurrieron al argumento de negarles a la mayoría de los cubanos llegados en los últimos años la categoría de perseguidos políticos.

El error de esta discriminación radica en trasladar al sujeto que abandona el país, la responsabilidad por las razones que lo llevaron a irse: confundir la causa con el efecto. No importa la fecha de llegada, el tener un "glorioso pasado" como miembro de la anterior dictadura —la batistiana— o el mostrar o no un arrepentimiento real o fingido por un historial nada despreciable en favor del marxismo-leninismo. La categoría de exiliado político la "otorga" Fidel Castro.

Lo viene haciendo desde hace muchos años. Se la ha "conferido" a todo aquel que ha dejado la Isla, con independencia de motivos, voluntad y aspiraciones. Estados Unidos reconoce esa categoría y ha sido generoso, como ninguno, con los cubanos. La nación norteamericana. No un gobierno específico, republicano o demócrata.

Algunos mandatarios se han distinguido por una política migratoria más flexible, pero el hecho de acoger a los perseguidos políticos es un principio fundamental del sistema estadounidense, que el Estado cumple.

Conquistas del exilio

Si lo hace "de forma legal", quien abandona Cuba tiene que firmar un documento, que es un "permiso de salida definitiva del país". Esto quiere decir que no puede volver a vivir en la Isla, que se ve privado de sus derechos como ciudadano y que no se le permite colocar un candado a la puerta de su vivienda para, si en el día de mañana le va mal en el extranjero, regresar a la patria.

Igual ocurre si se va "de forma ilegal". El castigo puede ser mayor: le retienen la familia, no lo dejan volver a visitarlos. Hay algo que nos une a todos los que partimos de Cuba y nos diferencia del resto de los inmigrantes: no podemos —poco importa el deseo de hacerlo o no— establecernos de nuevo, de forma legal y permanente, en el país en que nacimos.

No es un problema de ciudadanías adquiridas, es un derecho de nacimiento. Castro entrega el permiso para irse definitivamente. Hasta ahora, no le ha dado "permiso" a ningún ciudadano común y corriente para regresar definitivamente.

Quienes por vocación o interés manifestaron su apoyo por las nuevas limitaciones, olvidaron que la política de reunificación familiar, los viajes a Cuba, el aumento de las comunicaciones e incluso las remesas familiares, son conquistas del exilio. Los que favorecieron restringir estos logros entraron por conveniencia en un juego que sólo ha rendido supuestos dividendos electorales.

Ya se ha comprobado que ningún resultado han tenido estas normas en cuanto a disminuir la capacidad de acción o el poderío del régimen castrista. Si se mantienen vigentes es porque un poderoso grupo en esta ciudad las considera como un ejercicio particular de dominación, no por su efectividad.

Restricciones y refugiados

Las restricciones al dinero y los viajes complació al sector de línea dura que vota en bloque por los candidatos republicanos. Este no ha dejado de mostrar su ilusión por una política tan inútil como el embargo.

Sin embargo, la vigencia de la ley de "pies secos, pies mojados" no encuentra el mismo entusiasmo. En primer lugar, porque se trata de una decisión demócrata, del "repudiado" ex presidente Clinton. En segundo, entra en consideración que el manifestarse abiertamente en favor de la misma, conserva el estigma de ser catalogado como alguien que mantiene un grado de complicidad con Castro.

En tercero —y no menos importante—, está el hecho de que al tiempo que el exilio mantiene aún en buena medida una actitud no exclusiva hacia la llegada de nuevos miembros, se muestra también muy celoso de su carácter único. Nada nos distingue más de otros inmigrantes que la Ley de Ajuste, nada nos acerca más que el cumplimiento férreo de la medida de "pies secos, pies mojados".

Todo esto crea una situación difícil para ciertos orientadores de la opinión pública, partidarios a capa y espada de la política de Bush. Aquí la apatía sustituye al entusiasmo. La línea partidista importa más que el destino de miles de compatriotas. Directores de programas radiales que ya hubieran mostrado su "indignación" si gobernaran los demócratas, prefieren guardar silencio.

No se puede decir lo mismo de varias organizaciones exiliadas de línea dura que apoyan las restricciones a los viajes y las remesas, pero al mismo tiempo quieren que se cambie o elimine la distinción entre "pies secos" y "pies mojados". Tampoco de los legisladores cubanoamericanos.

Los congresistas por la Florida Ileana Ros-Lethinen y Mario y Lincoln Díaz-Balart han presentado una propuesta de modificar la ley. Se espera que se sume a la misma el senador Mel Martínez, quien ha declarado que "la política de pies secos, pies mojados es un completo fracaso".

Aunque si bien se debe reconocer el gesto de los representantes, hubiera sido mejor un planteamiento más amplio por parte de estos. Una modificación de la medida no resuelve la inconsistencia entre una condena total al régimen de Castro y presenciar cómo miles de cubanos son devueltos a la Isla. Por otro lado, nada hay que esperar de los demócratas al respecto.

Ni justo ni humano

Una vez más, la aritmética está en contra de los nuevos refugiados. Menos de la cuarta parte de quienes llegaron a EE UU después de 1985 tienen la ciudadanía norteamericana. Es este sector de la población el que intenta traer a sus familiares por diferentes vías.

Para muchos de los exiliados de larga permanencia en suelo norteamericano, el tema migratorio no entra dentro de sus prioridades —respecto a la situación cubana—, salvo en lo referente a la amenaza de un éxodo masivo.

Una inmigración ordenada, segura y legal no significa devolver indiscriminadamente a los refugiados interceptados en el mar, retener en la Base Naval de Guantánamo a unos pocos y garantizar la permanencia en suelo norteamericano sólo a los que cuentan con los recursos necesarios para pagar las sumas exorbitantes que exigen los contrabandistas.

En cualquier caso, es garantizar que nadie con derecho a asilo sea devuelto a Cuba y permitir a todo refugiado apresado en alta mar la tramitación de su caso en suelo norteamericano, en un proceso abierto al público y con la participación de abogados independientes.

El argumento de que este país no puede permitirse una inmigración ilegal poco convence al hijo o al padre que quiere traer a sus familiares. No es justo ni humano incrementar las medidas que afectan a los cubanos que viven en la Isla y al mismo tiempo cerrarles las vías de escape.

Quienes alientan el aumento de la presión económica sobre el pueblo cubano —con arengas desde estudios radiales con aire acondicionado y el estómago lleno—, caen en la misma demagogia que los miembros del régimen que llaman a la honestidad y el sacrificio, mientras disfrutan de sus privilegios.

Unos y otros deberían avergonzarse. Al menos mostrar un poco de pudor y guardar silencio. Siempre hay un oficio más digno para un ministro o un director general de radio.

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