Cuando el año 2006 llegue a su fin, 12 países latinoamericanos tendrán nuevos presidentes electos o, en algunos casos, reelectos. Tres de estos países ya han concluido su ciclo de elecciones: Honduras, donde el pasado mes de noviembre el partido de la oposición salió ganador; Chile, donde la representante de la coalición, Michelle Bachelet, se convirtió en la primera mujer de la región en ganar la presidencia por sus propios méritos; y Bolivia, donde Evo Morales alcanzó fácilmente el cargo de presidente.

Costa Rica y Haití, sin triunfadores inmediatos tras las votaciones

En Costa Rica, las encuestas de opinión arrojaron un resultado en el que se prejuzgó erróneamente las preferencias de los votantes. Aunque Oscar Arias resultó el favorito obteniendo 20 puntos por encima de Ottón Solís, los costarricenses emitieron su voto el 5 de febrero con un empate virtual: el 40.51 por ciento votó por Arias y el 40.28 por Solís. El recuento de los votos se está realizando lentamente. El ganador tomará posesión del puesto presidencial con una cantidad mínima de puntos, reflejando así la pluralidad de sus votantes, lo cual indica que deberá actuar durante su término con mucha prudencia.

Arias, cuyo Partido de Liberación Nacional (PLN) ha alternado el poder con el titular Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de salir elegido no podrá gobernar esta vez como si sólo hubiera ganado una elección más. Solís, que es el representante del disidente Partido Acción Ciudadana (PAC), si llegara a triunfar, daría fin al monopolio presidencial de los dos partidos de siempre, pero no deberá bajo ningún concepto soslayar el hecho de que él ha sido el responsable de acabar con la manera tradicional de hacer política en el país o el que su campaña anti-CAFTA (Tratado de Libre Comercio de América Central) pudiera malograr la participación en los acuerdos del tratado de libre comercio que Costa Rica aún está por ratificar. El PLN de Arias acaparó 25 de los 57 escaños en la legislatura, el PAC de Solís ocupa sólo 17 escaños.

El 7 de febrero, Haití celebró sus elecciones presidenciales. Hace dos años, Jean-Bertrand Aristide se vió obligado a abandonar su puesto de presidente al ser presionado por un levantamiento armado y los designios de Estados Unidos y Francia. Las Naciones Unidas enviaron sus fuerzas de paz y un gobierno interino ha ocupado su lugar desde entonces. Aunque exiliado en Suráfrica, Aristide continúa siendo el político más popular del país.

En un primer momento, René Préval, cuya presidencia del 1996 al 2001 estuvo marcada por su pragmatismo político, parecía haber ganado una mayoría de los votos frente a los 35 candidatos que se presentaron. Aunque fue aliado de Aristide y del Partido Lavalas en el pasado, Préval se distanció de éste desde el momento en que declaró que las fuerzas de las Naciones Unidas deberían permanecer en Haití durante el tiempo que fuera necesario. Préval ha conseguido los votos de los pobres y los desheredados.

Con el 90 por ciento de los votos tabulados, las autoridades electorales declararon sin más que Préval no había alcanzado los suficientes votos para obtener la victoria en la primera ronda electoral con un 48.7 por ciento de éstos. Su rival más cercano quedó bien por debajo, con un 11.8 por ciento. Alrededor de un 8 por ciento de los votos fueron reportados como desaparecidos o destruidos, lo que hizo que se levantaran gritos de protesta contra el fraude aún del mismo Préval. Miles de haitianos se lanzaron a las calles y sólo se retiraron de ellas después de que Préval hiciera un llamamiento a mantener el orden civil.

Afortunadamente, todos los implicados en los sucesos prestaron atención al acertado consejo del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, apelando a la "buena voluntad y cooperación" de todos ellos. De esta forma se pudo lograr un acuerdo político y René Préval ha podido ser elegido como presidente. La ausencia en Haití del fideicomiso público necesario hubieran imposibilitado el llevar a cabo una segunda vuelta electoral pacíficamente. El caso opuesto lo representan las instituciones políticas costarricenses –si obviamos los recientes escándalos por corrupción-, que todavía pueden contar con la confianza de una buena parte de la población. Cualquiera de los candidatos que obtenga el puesto presidencial en ese país será legítimamente aceptado por la mayoría de los ciudadanos.

Que exista el fideicomiso público es obligatorio para que la democracia pueda funcionar. Las democracias ya consolidadas fueron acumulando la confianza del pueblo gradualmente para lograrlo: con la práctica de una política más inclusiva, con la distribución más equitativa de los beneficios reportados por el crecimiento económico, y con el trato a todos los ciudadanos por igual ante la ley. Si los gobiernos practican la exclusión política, no hacen nada para controlar el aumento de las desigualdades sociales o reducirlas, y permiten que los ciudadanos no reciban igual trato por su sistema judicial, entonces sólo habrán logrado convertir su política en serios impedimentos para incentivar la comprensión y práctica del fideicomiso público que se necesita en las democracias latinoamericanas.

Los ciudadanos de Perú, Colombia, México, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela aún no han emitido sus votos

En México y Nicaragua, los resultados electorales son imprevisibles. Por su parte, los ecuatorianos se han lanzado a las calles frecuentemente para obligar a dimitir a sus presidentes. ¿Le permitirán completar a su nuevo líder el término de su mandato? En cuanto al Perú, aunque la representante del partido conservador, Lourdes Flores, lleva cómodamente la delantera, muchos ciudadanos abrigan un profundo sentimiento de ira que pudiera cambiar las cosas y darle una ventaja electoral a algunos de sus oponentes políticos.

Colombia y Brasil no son países que se muestren problemáticos en cuanto a que su ciudadanía acepte los resultados electorales. En Venezuela, Hugo Chávez ha monopolizado el control del gobierno a su favor, la oposición no cuenta para nada y el tejido social está seriamente dañado.

En América Latina las elecciones suelen ser libres y justas. El fideicomiso público, sin embargo, no debe ser contemplado sólo como una función electoral más. Una buena política de gobierno a la par de una economía que no sea excluyente deben nutrir positivamente a los ciudadanos, si es que se quiere consolidar realmente la democracia en América Latina. Lograr todo esto es el verdadero reto del futuro.

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