La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció este jueves un aumento alarmante de las acciones represivas contra disidentes coordinadas por las autoridades, e hizo públicos 17 casos de "actos de repudio" confirmados, 8 de agresiones físicas contra opositores y 5 de "allanamientos de domicilios y confiscaciones ilegales" ocurridos entre el 12 de enero y el 7 de febrero pasados.

En un informe especial titulado Nueva oleada de represión política en Cuba, la CCDHRN, afirma que es "particularmente inquietante el grado de violencia física y verbal, sin precedentes en los últimos años, que han empleado los individuos movilizados por el gobierno durante estas acciones represivas (…) bajo la dirección, torpemente encubierta, de la policía política secreta".

Los llamados "actos de repudio" se caracterizan por "la concentración, por parte de la policía política secreta, a través de las estructuras de base del partido gobernante, de decenas o centenares de individuos, generalmente frente a los domicilios de los disidentes, para agredirles verbalmente, gritarles obscenidades, golpear o lanzar piedras y otros objetos contra las puertas, ventanas, techos y paredes de sus hogares y atacarles físicamente en algunos casos", explica la CCDHRN.

Entre los actos de repudio que recoge como ejemplos la organización destacan los organizados en Ciego de Ávila contra el abogado invidente Juan Carlos González, en el que varios disidentes resultaron lesionados, y el realizado en La Habana contra la opositora Martha Beatriz Roque, líder de la Asamblea para Promover la Sociedad Civil (APSC). Ambos duraron tres días.

Además, la CCDHRN menciona el acto de repudio contra la Dama de Blanco, Dolia Leal Francisco, en La Habana, en el que fue físicamente agredido el disidente Julio Rosa; y la invasión de la casa de los opositores Alexander Santos Hernández y Milisa Valle Ricardo, en Holguín. Los manifestantes progubernamentales entraron en la vivienda "y pintaron las paredes exteriores en forma grotesca". El matrimonio tuvo que refugiarse en la casa parroquial de la iglesia católica local.

Algunos opositores han sido hostigados en su propio centro de trabajo, y otros han sido golpeados en la calle, como es el caso de Tania Nicolás Bernardo, integrante del Movimiento Femenino Marta Abreu en Santa Clara.

Otras miembros de ese movimiento, Noelia Pedraza y Bárbara Jiménez, fueron agredidas en la misma ciudad mientras repartían copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pedraza sufrió una luxación en un dedo de la mano izquierda.

En Ciudad de La Habana fue agredido "a traición" a finales de enero Félix Bonne Carcassés, de 66 años de edad, uno de los dirigentes de la APSC, quien aún no se ha recuperado de las lesiones.

Lorenzo García Rodríguez, Presidente del Movimiento Claridad, fue "brutalmente agredido" en Holguín y, en Santa Clara, simpatizantes del gobierno "propinaron una violenta golpiza al periodista independiente y ex prisionero político Alain Gómez Ramos a quien, además, se le impidió por la fuerza que saliera de su casa durante varios días", recoge la CCDHRN, entre otros ejemplos.

El gobierno viola sus propias leyes

Los hechos denunciados por la CCDHRN han tenido lugar en ocho de las 14 provincias cubanas. En su informe, la organización considera "evidente que se trata de una operación represiva en gran escala ejecutada a partir de una decisión del gobierno central" que, afirma, viola artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución y el Código Penal cubanos.

"Por ello daremos cuenta de inmediato a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la Relatoría Especial acerca de la situación de derechos humanos en Cuba de la mencionada Comisión", anuncia la CCDHRN en el documento, firmado por su presidente, Elizardo Sánchez Santacruz y por el observador de Derechos Civiles Carlos J. Menéndez Cervera.

Según la organización, algunas acciones represivas han vulnerado el Artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, "que consagra la inviolabilidad de domicilio, lo cual es particularmente preocupante en aquellos casos de allanamientos de domicilios por parte de militantes progubernamentales que no son agentes policiales".

En el caso de las confiscaciones de libros y objetos de uso personal, las autoridades "están violando el Artículo 60 de la vigente Constitución y el Artículo 44.3 del Código Penal (Ley 62 de 1987) donde se establece que las confiscaciones, deben ser dictadas por los tribunales de justicia y no por cuerpos policiales que, rutinaria y cotidianamente, someten a amplios sectores de la población, a estas arbitrarias prácticas extrajudiciales, confiscando artículos, bienes y objetos de propiedad personal de manera indiscriminada", agrega la CCDHRN.

Para la organización, los hechos demuestran que "el gobierno de Cuba vulnera las propias leyes nacionales o hace una interpretación arbitraria de las mismas, lo que permite la notoria impunidad con que actúan los cuerpos policiales y sus colaboradores de manera que el ciudadano se encuentra totalmente desprotegido".

"Los llamados 'actos de repudio' traen a la memoria las odiosas campañas de terror e intimidación contra los judíos en los primeros años del régimen hitleriano, las prácticas represivas del gobierno fascista de Mussolini y los peores momentos de la llamada Revolución Cultural maoísta", afirma la CCDHRN.

La organización alerta sobre la "gravedad de la situación y la posibilidad de que estas acciones represivas sigan ocurriendo" y advierte que el "clima de violencia política" creado "artificialmente" por las autoridades y la policía política "sólo puede generar más violencia y odio".

"Consideramos que el gobierno de Cuba debe asumir toda la responsabilidad jurídica, moral y política ante estos actos sumamente inquietantes de terror desde el Estado y cumplir con su deber en cuanto a garantizar los derechos civiles, la integridad física y la seguridad jurídica", concluye la CCDHRN.

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