No tiene importancia de quién es el negocio de viajes a Cuba que se incendió en Miami hace unas semanas, ni la opinión de nadie sobre ese tipo de negocios. Lo verdaderamente importante es que el departamento de investigación forense del cuerpo de bomberos de la ciudad de Coral Gables, donde estaban ubicadas las oficinas siniestradas, informó oficialmente que el incendio, que destruyó todas las instalaciones del negocio, no fue accidental, sino intencional y provocado por artefactos incendiarios en el interior de la oficina.

Y eso sí que tiene mucha importancia. Porque hay que preguntarse si puede existir algo, cualquier cosa, por mucho que pueda gustar o disgustar a quienes viven en esta ciudad, y por mucho “dolor” que puedan alegar quienes alegan dolor, si puede existir, repito, el derecho de alguna persona o grupo, quienquiera que sea, a destruir concientemente, con violencia, nocturnidad y alevosía, las instalaciones de un negocio legal y legítimo que funciona en un país donde impera el Estado de derecho.

Y, naturalmente, la única respuesta decente y sensata es que nadie tiene derecho a realizar un acto terrorista, en ninguna circunstancia. Lo siento, pero en este tema no es posible el consenso ni el babeo: la intimidación a través de la violencia y el terrorismo son actos repugnantes y execrables, lo mismo un mitin de repudio en La Habana contra las Damas de Blanco que incendiar intencionalmente un negocio en Miami.

¿Cuál de las partes es más criminal y maldita, la que golpea a mujeres indefensas, o la que se ampara en la oscuridad para destruir oficinas? Tristemente, hay un empate en imbecilidad. No me vengan ahora con justificaciones absurdas: ni pretendan decir que los opositores al régimen totalitario cubano son “mercenarios”, ni tampoco que ese negocio incendiado en Coral Gables “le hace el juego a la dictadura cubana”.

Porque lo verdaderamente decisivo es preguntarse si en pleno siglo XXI hay derecho a imponer los criterios políticos por la fuerza, la violencia y la intimidación, del lado que sea. No estamos en los años cincuenta del siglo pasado, y ya hace mucho terminaron la Guerra Fría y los tiempos en que “el deber del revolucionario es hacer la revolución”.

Si se considera que el derecho a la violencia se justifica en estos momentos, con cualquier pretexto, entonces ¡vivan los mítines de repudio y los incendios premeditados! Sin embargo, si se considera que no puede existir tal derecho en un mundo civilizado, es necesario rechazar los mítines de repudio y los incendios intencionales: condenar solamente una de esas acciones, cualquiera de las dos, ignorando silenciosamente la otra, es pura hipocresía, o maldad, nada más. El destino de Cuba no puede ser tan miserable como pretenden algunos energúmenos de ambas partes.

En los momentos que escribo estas líneas solamente se conoce la información oficial de los bomberos, con respecto a que el incendio fue intencional. Falta ahora la información policial que identifique ante la justicia a los responsables de tan barbárico acto.

Hay quien dice que quizás fuese una acción provocada por el Gobierno cubano para lanzar los perros de la guerra contra “el exilio”. Pero esa versión solamente podría aceptarse definitivamente si los aparatos policiales de esta nación, la policía local, el FBI y otras instituciones federales involucradas en la investigación, lo confirmaran. Mientras tanto, aferrarse a esa hipótesis y descartar todas las demás, sin evidencia alguna, es demagogia y diversionismo.

No puede haber equivocaciones en un caso como éste. Quienes crean realmente en la democracia y el Estado de derecho no pueden permanecer indiferentes ante una violación de la legalidad de tal magnitud. Con la misma indignación que no hace tanto se condenó, con toda razón, la inmoralidad de un supuesto “camillero” de la Cruz Roja en Santiago de Cuba golpeando a un indefenso cubano detenido por gritar “abajo el comunismo”, es necesario dejar claro que el rechazo a la dictadura totalitaria no implica ni puede implicar apoyo a quienes recurran al incendio para “castigar” a un negocio legítimo establecido en Estados Unidos, gusten o no sus propósitos.

Quienes pretendan luchar por la libertad y la democracia no pueden actuar como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o los talibanes de Afganistán. Nada justifica tal conducta. Y, además, es inmoral respaldar a terroristas y violentos, aunque sea con el silencio, pretendiendo a la vez ser paladines de la democracia y los derechos humanos.

La gerontocracia en La Habana se quedó congelada en 1959. Algunos “iluminados” en el sur de la Florida se quedaron congelados en los años sesenta. En ambas orillas pretenden seguir viviendo como si el mundo ya no pensara diferente y como si no hubieran existido los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Ambas partes tienen algo en común y coinciden en sus absurdos propósitos: pretender seguir viviendo de espaldas a la realidad, a contramano de la historia.

También ambas partes serán, ya están siendo, barridas por la historia, el sentido común y las realidades. Ni golpes a mujeres indefensas ni incendios provocados pueden cambiar un destino que no solamente requiere y exige libertad y derechos humanos, sino también respeto a las leyes y el Estado de derecho.

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