Tímida apertura en la comercialización de productos agrícolas

Por el Acuerdo 6853 del Consejo de Ministros, del 24 de Junio de 2010, fue autorizada “…la comercialización de productos agrícolas en puntos de venta o kioscos situados en comunidades colindantes a carreteras o autopistas, en los que venden sus productos agrícolas las formas de producción a las que se le asignen la administración de dichos puntos de ventas, luego de cumplir el contrato con el Estado…”.

En cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo, las formas de producción y los concurrentes están sujetos al pago de impuestos, tarifas y otras obligaciones. Por ello, el Ministerio de Finanzas y Precios emitió la Resolución No. 206 del 2010 el 23 de julio, donde se determina que a la venta de productos agrícolas en los puntos de venta o kioscos, provenientes de patios, traspatios y parcelas o que se acopian en lugares intrincados o de difícil acceso, o de las propias formas de producción que administran los puntos de venta, se les aplicará un impuesto del 5% sobre las ventas.

Asimismo la Resolución No. 206/10 establece que las formas de producción propietarias de los puntos de venta o kioscos cobrarán por el contrato de arrendamiento que suscribe con los concurrentes una tarifa de hasta el 5% de las ventas diarias. Además, por la utilización de tierra estatal para construir puntos de venta o kioscos colindantes a carreteras y autopistas, aportarán al presupuesto del Estado mensualmente el 2% de las ventas diarias. Las personas naturales que como trabajadores por cuenta propia ejerzan la actividad de vendedor de producción agrícola en estos establecimientos pagarán una contribución a la seguridad social de acuerdo a una tabla descrita en la Resolución.

Aunque estos pasos pudieran aportar alguna flexibilidad a la rígida comercialización de los productos agropecuarios, por sus prohibiciones, limitaciones y la permanencia de una serie de mecanismos de gestión obsoletos, la medida no resolverá la grave situación del acopio y posterior comercialización de los productos provenientes del campo cubano.

Las llamadas formas de organización que administrarán los puntos de venta o kioscos son las mismas organizaciones estatales o supuestas cooperativas autorizadas actualmente, por lo que todo se mantendrá controlado por el gobierno. Persiste la obligación de vender al Estado al precio que fija para los productos, casi siempre por debajo de los existentes en el mercado. Como se conoce, los campesinos tienen que entregar al Estado alrededor del 70% de su producción agrícola como condición para que puedan vender sus excedentes de forma libre y obtener ingresos superiores.

Aunque parece que habrá ciertas posibilidades para que los agricultores de zonas suburbanas puedan llevan sus productos a los puntos de ventas o kioscos ahora abiertos, nada indica que los esquemas de acopio tan dañinos a la agricultura cubana serán modificados sustancialmente.

El mayor problema de la agricultura cubana es la falta de producción y productividad. Sin embargo, la carencia de abastecimiento de alimentos nacionales también es una consecuencia de las dificultades en el acopio y posterior comercialización de los productos, incluida la venta al detalle. Gran cantidad de productos, por deficiencias de acopio, no se recogen en los campos y se pierden. Los colectados, después tienen enormes mermas por la inadecuada manipulación y las enormes demoras en el traslado, que originan la pudrición de un elevado porcentaje de productos perecederos. Aquellos ofertados a los consumidores llegan generalmente con una ínfima calidad. En esto incide negativamente el burocratismo en el proceso de comercialización, que, entre otras cosas, retarda el ajuste de los precios a las realidades del mercado, y cuando esto se hace ya el daño está consumado.

Por supuesto hay otros factores, como la falta de capacidad de procesamiento industrial de los productos agrícolas, con escasas instalaciones que, además, trabajan con equipamiento anticuado, muchas veces en condiciones antihigiénicas, donde los obreros por lo regular trabajan artesanalmente, con baja productividad y en pésimas condiciones laborales. Así frecuentemente partes considerables de cosechas se pierden, como sucedió con la de tomate en 2009, debido en apreciable medida a la inexistencia de una ágil rebaja de los precios que habría permitido un consumo más elevado por la población y reducido las pérdidas.

Actualmente las producción de plátano vianda y boniato tiene significativas pérdidas en el campo y los patios de los centros de acopio, mientras estos alimentos habían faltado en los mercados en los últimos meses, en particular el plátano. La situación es tan impactante, que ha llegado hasta la televisión. Al divulgarse el escándalo, el precio del plátano vianda se redujo en dos tercios (de 1,50 pesos la libra a 0,50 en La Habana) y el boniato (de 0,40 a 0,20). Esto podría haberse evitado, o disminuido los daños, si los productores y comercializadores —incluidos los detallistas— tuvieran libertad para enviar las mercancías hacia otros mercados y ajustar los precios sin esperar decisiones superiores.

Dada la gravedad de la situación económica del país, las soluciones no se encontrarán a través de parches, sino mediante la transformación radical de los absurdos mecanismos productivos y comercializadores. La agricultura demanda la entrega real de la tierra a los productores, con plena libertad para hacerla producir y el derecho de los campesinos a disponer del fruto de su trabajo.

Esto supone que termine la entrega forzada al Estado de los productos, sustituyéndose ese esquema fracasado por el pago de impuestos y contribuciones como se hace en el mundo entero. Hasta tanto eso se realice, los resultados obtenidos serán mínimos, al igual que lo sucedido con la entrega de las tierras en usufructo, proceso que a pesar de tener dos años, no ha logrado aumentar la producción agropecuaria. Con tímidas e insuficientes medidas no se resolverá el grave problema de la alimentación de los cubanos.

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