Los 800.000 dólares que un empresario venezolano-estadounidense intentó ingresar ilegalmente en agosto a Buenos Aires eran una contribución a la campaña política de la recientemente electa presidenta Cristina Fernández, de acuerdo con un hombre implicado en el caso, dijeron fiscales federales de Estados Unidos el miércoles.

La información se dio a conocer durante una audiencia judicial de acusación contra cuatro hombres acusados de no haberse identificado ante el gobierno estadounidense como agentes de inteligencia de otro país, que intentaron encubrir el origen de ese dinero y amenazaron a un testigo involucrado en el caso, informó AP.

El caso presentado ante una corte federal en Miami "no menciona la verdadera fuente o el planeado destinatario de esos fondos en efectivo".

Sin embargo, el fiscal federal adjunto Thomas Mulvihill afirmó en una corte el miércoles que uno de los sujetos implicados en el caso dijo en conversaciones grabadas por el FBI que los fondos eran para la campaña de Fernández, esposa del mandatario saliente Néstor Kirchner, quien asumió la presidencia el pasado lunes.

Los sujetos, acusados de no haberse identificado ante el gobierno estadounidense como agentes de una potencia extranjera son los venezolanos Moisés Román Majonica, de 36 años; Franklin Durán, de 40 y Carlos Kauffmann, de 35, así como el uruguayo Rodolfo Wanseele, también de 40.

Todos continuarán detenidos hasta una audiencia de libertad bajo fianza el lunes y deberán declarar ante la corte el 28 de diciembre. De ser encontrados culpables, cada uno de los sujetos enfrenta hasta 10 años de prisión en un penal federal y 250.000 dólares en multas. Un quinto sujeto, que no es Guido Alejandro Antonini Wilson, a quien le fue decomisado el dinero, se encuentra prófugo.

Las evidencias del FBI incluyen grabaciones de diálogos entre los detenidos y altos funcionarios de la vicepresidencia de Venezuela, el Ministerio de Justicia y el servicio de espionaje de ese país, dijeron fiscales federales el miércoles.

En uno de ellos, Durán le dice a Antonini que el asunto implicaba "a la cúpula del gobierno venezolano", y Kauffmann le advierte al empresario venezolano estadounidense que sus "acciones futuras podrían poner en riesgo la vida de sus hijos".

Reacciones de Caracas y Buenos Aires

En Caracas, el jefe de la diplomacia venezolana, Nicolás Maduro, acusó a Estados Unidos de orquestar el escándalo para afectar las relaciones entre los gobiernos sudamericanos.

"Es delicado que el gobierno de Estados Unidos esté tomando el camino de la guerra judicial para tratar de darle veracidad a su guerra política psicológica y mediática contra el gobierno bolivariano y revolucionario de Venezuela, contra los gobiernos progresistas del continente. Es muy delicado que hayan pasado de manera desesperada a este paso de la guerra judicial", agregó.

En Buenos Aires, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, calificó este jueves de "canallada" la denuncia del fiscal de Miami.

En la primera reacción conocida del gobierno argentino a la denuncia del fiscal federal adjunto Thomas Mulvihill, Fernández sostuvo que "la información es tan desproporcionada que tiene características canallescas", en declaraciones a la agencia gubernamental Télam y a las emisoras América y Radio 10.

Posteriormente, el jefe del gabinete de ministros Alberto Fernández declaró a Radio 10 que la presidenta argentina "reaccionó con asombro" al enterarse de la afirmación del fiscal estadounidense".

"No vale la pena convocar al embajador estadounidense Earl Wayne. El puede darse por enterado con estas palabras por la radio", añadió el jefe de gabinete.

Aníbal Fernández, que ocupó la cartera de Interior en la Administración del ex presidente Néstor Kirchner, atribuyó la acusación del fiscal estadounidense a las buenas relaciones del gobierno argentino con el presidente venezolano Hugo Chávez.

Los 800.000 dólares le fueron decomisados a Antonini, en Buenos Aires el 4 de agosto, cuando intentó ingresarlos al país sin declarar. Antonini había arribado a bordo de un avión privado procedente de Caracas, junto a funcionarios argentinos y directivos de la petrolera venezolana PDVSA. La aeronave había sido rentada por un funcionario argentino.

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