La mayor cámara de comerciantes de Venezuela rechazó el jueves los 26 decretos-ley que aprobó el presidente Hugo Chávez en el último día de una ley habilitante y denunció que representan un "golpe mortal" a la empresa y la propiedad privadas en Venezuela, informó la AP.

El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) objetó a través de un comunicado las nuevas regulaciones, con las cuales considera que Chávez "ha derrocado el imperio de la ley y lo ha sustituido por la dictadura de la arbitrariedad, la obstinación, la trampa y la mentira".

"La intención manifiesta del gobierno ha sido propinarle un golpe mortal a los derechos de propiedad, al libre emprendimiento y a las inmensas posibilidades de la acción privada", expuso el comunicado.

La organización dijo que con esas leyes "se legitiman definitivamente el control punitivo, la extorsión política y la expropiación confiscatoria que podrá ser aplicable sin aviso y sin protesto".

"Las 26 leyes son una apuesta a la utopía irredenta del comunismo de nuevo cuño", agregó.

Durante esta semana tres de las mayores organizaciones empresariales del país han expresado su rechazo al paquete de leyes, dejando al descubierto el aumento de la tensión entre el sector privado y el gobierno de Chávez, quien hace mes y medio llamó a un pacto con los empresarios para impulsar el crecimiento económico.

Chávez usó la ley habilitante, con la que la Asamblea Nacional (controlada por el oficialismo) le otorgó poder para legislar por 18 meses, para aprobar 65 decretos.

Los últimos 26 los anunció justo en el último día. La mayoría entraron en vigor el 31 de julio y extienden el control del gobierno sobre la economía, especialmente sobre la producción de alimentos, el comercio y los servicios en general.

Entre los instrumentos aprobados en el último día figuran leyes de Turismo, Transporte Ferroviario, Seguridad y Soberanía Alimentaria, Vivienda, Espacios Acuáticos, Fuerza Armada Nacional Bolivariana; y reformas a la leyes del Sistema de Seguridad Social y de Bancos.

El vicepresidente Ramón Carrizalez defendió el jueves el paquete de leyes señalando que están orientados a promover el desarrollo del país.

"Está claro que las leyes son beneficiosas y el mejor indicativo es la virulencia con que son atacadas", dijo Carrizalez durante un acto con militares en la capital.

La ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y la de Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios pretenden "superar el hambre como elemento estructural capitalista y la progresiva disminución de la intervención de capitales especulativos" en el mercado alimentario, según su texto.

"El acaparamiento, la especulación y la presión inflacionaria con motivos políticos" serán sancionados con penas de hasta tres años de cárcel para los infractores, se advierte en las normas.

Esta ley "regulará toda la cadena de producción y distribución de alimentos (...) y además, garantizará que los alimentos lleguen a las zonas deseadas y no se produzca ningún tipo de desviación", explicó el viceministro de Economía Agraria del ministerio de Agricultura, Richard Canán, informó la AFP.

La nueva legislación precisa que el Estado es el encargado de "formular, dictar, ejecutar y supervisar las políticas agroalimentarias", dejando sin margen a la iniciativa privada, que ni siquiera podrá intervenir a la hora de fijar los precios de los alimentos.

En sus 172 artículos, la ley crea una "reserva alimentaria estratégica" bajo control estatal y dispone la intervención de "consejos comunales regionales", que junto a representantes del Ejecutivo determinarán qué rubros se deberán consumir por región para equilibrar la distribución de alimentos.

El presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Pedro Baraybar, expresó su preocupación por la regulación del sector y consideró que se vulnera la libertad económica de las empresas.

"El impacto en primera instancia que podemos determinar es que el Estado decidirá qué es lo que se debe comer, cuánto y dónde", dijo a la prensa.

El conjunto de la oposición afirma que estas leyes introducen elementos de la reforma constitucional oficialista que fue rechazada en referendum en diciembre pasado y las tildan de una "reforma disfrazada".

"Acá no tenemos Constitución, ni ley y el presidente hace lo que quiere", comentó el ex ministro del Interior Luis Miquilena, mentor político del presidente Chávez y hoy un acérrimo opositor.

"Estamos ante una dictadura que le ha dado un golpe de Estado a la Constitución" con estas nuevas leyes, agregó.

Las autoridades entienden que los nuevos instrumentos ayudarán además al control de la inflación, que alcanzó el 15,1% en el primer semestre del año, la tasa más alta de América Latina, de acuerdo con datos del Banco Central.

Los empresarios desestiman los argumentos gubernamentales y subrayan que la inflación es fruto del control de precios que rige desde 2003, del tipo de cambio fijo, de la caída de la producción local por falta de inversiones privadas y del alza de los precios internacionales de los alimentos.

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