El presidente venezolano, Hugo Chávez, aprovechó el último día de la ley habilitante para aprobar 26 decretos-ley que extienden el control del gobierno sobre la economía, especialmente sobre la producción de alimentos, el comercio y los servicios, informó la AP.

Con estos últimos decretos llegan a 65 los aprobados por Chávez gracias a la ley habilitante, que le otorgó la Asamblea Nacional en enero de 2007 para legislar por 18 meses.

Los 26 nuevos instrumentos legales han desatado duras críticas de parte de opositores y la mayor cúpula empresarial, que han acusado a Chávez de realizar un "fraude a la democracia", y de tratar de introducir de "contrabando" la reforma constitucional rechazada en diciembre pasado.

Una de las regulaciones que incrementa la influencia del gobierno en la economía es la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la cual establece amplios controles sobre la producción, distribución, comercialización, almacenamiento de alimentos, y productos y servicios agrícolas.

De manera expresa, la ley otorga facultades al gobierno para "restringir o prohibir la importación, exportación, distribución, intercambio o comercialización de determinados alimentos, productos, rubros e insumos agrícolas, o la prestación de determinados servicios para el agro y su industria".

En una de las cláusulas, se prevé que, para garantizar el "acceso oportuno" a los alimentos, el Ejecutivo podrá "asumir directamente actividades de distribución e intercambio (de productos) cuando lo considere necesario".

Otra de las leyes que incrementa el control estatal es la de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que prevé férreas regulaciones sobre las actividades de comercio, servicio y publicidad de todos los productos que se expenden en el país.

Entre las sanciones que contempla la referida ley está el cierre temporal y definitivo de una empresa o comercio de bienes hasta el pago de multas millonarias.

Asimismo se establece que los comerciantes y empresas de servicio que incurran en especulación de precios, acaparamiento de productos y usura, podrían ser castigados con cárcel de dos a seis años, y quienes realice algún "boicot" que impida la producción, importación, transporte y comercialización de bienes declarados de primera necesidad podrían ir a prisión por entre seis y 10 años.

En otro de los decretos-ley se da carácter legal a conceptos tales como el "modelo socioproductivo comunitario", el "trueque", las empresas de "propiedad social" directa e indirecta, que forman parte del modelo de economía socialista que promovió Chávez en el proyecto de reforma constitucional rechazado en diciembre.

En materia de seguridad el mandatario aprobó la Ley Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que da carácter legal a la figura de las "milicias", las cuales estarán integradas por voluntarios que ayudarán a organizar los "consejos de defensa" del país.

El vicepresidente Ramón Carrizalez defendió el lunes los 65 decretos-ley, durante una conferencia de prensa.

"No tienen que verle nada oscuro al que se haya acumulado (26 decretos-ley)", afirmó al desestimar los cuestionamientos de los opositores.

El número dos del Ejecutivo dijo que unos 16 proyectos no pudieron incluirse dentro del paquete que salió por la vía de la ley habilitante, debido a la "complejidad" de las leyes, y porque "aún tenían muchos elementos de discusión".

"Cuando las depuremos (las 16 leyes), serán enviadas a la Asamblea Nacional para su consideración", indicó. El Congreso venezolano está integrado en su mayoría por aliados de Chávez.

"¿Por qué (Chávez) le hace este fraude a la democracia entre gallos de medianoche publicando 26 nuevos decretos?", inquirió el lunes José Manuel González, presidente de la mayor cúpula empresarial del país.

González acusó al mandatario de meter de "contrabando" la reforma constitucional, y anunció que la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio de Venezuela (Fedecámaras) iniciará el estudio de las nuevas leyes para definir acciones contra esos instrumentos.

Los 26 decretos-ley entraron en vigencia el 1 de agosto, luego de su publicación en la Gaceta Oficial.

Chávez aprovechó la ley habilitante para nacionalizar las cuatro asociaciones petroleras de la Faja del Orinoco, la telefónica y la siderúrgica más grandes del país, y los sectores eléctrico y cementero.

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