La Contraloría General anunció este miércoles que aplicará una auditoría a 250 empresas dentro de la VII Comprobación Nacional al Control Interno, prevista del 29 de octubre al 30 de noviembre próximos, informaron medios oficiales, según el sitio web lainformación.com.

La contralora general de la Isla, Gladys Bejerano, explicó que la esencia de ese ejercicio, en el que participarán 1.500 especialistas, “está en acompañar y monitorear, desde el punto de vista del control, tareas de gran impacto económico y social”.

“Hay una combinación de intereses, de programas principales y de otros temas que no constituyen programas, pero que son cosas que tenemos que sistematizar”, señaló Bejerano en un reporte de la televisión estatal.

La auditoría se centrará en temas fundamentales para la economía y el desarrollo social como la venta de materiales para la construcción, implementos agrícolas y sistemas de riego, proyectos de iniciativa local y de colaboración, y visitas a empresas importadoras y exportadoras, según la fuente.

Además, hará especial énfasis en aspectos como la contratación económica, las cuentas pendientes por cobrar y pagar, los inventarios y la aplicación y adecuación de una guía para el autocontrol general.

La contralora, que es también vicepresidenta del Consejo de Estado, resaltó que “si no hay una buena contratación no se pueden resolver los problemas”, lo cual “crea causas y condiciones y genera la posibilidad de otros problemas como delitos y manifestaciones de corrupción”.

En la “VI Comprobación Nacional”, realizada entre abril y mayo del año 2011, un 37 por ciento de las 768 empresas estatales auditadas recibió una evaluación negativa por deficiencias en sus cuentas, inventarios y nóminas, entre otros problemas.

En los últimos meses, el gobierno cubano ha procesado a varios funcionarios por casos de corrupción. En el caso más reciente, medios oficiales revelaron en agosto pasado que doce directivos de la empresa estatal Cubaníquel, dedicada a la extracción, refinado y comercialización de níquel y cobalto, fueron condenados a penas de cárcel de 4 hasta 12 años.

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