La Seguridad del Estado amenaza con detener a la esposa de Yosvani Anzardo
A Lourdes Yen se le ha prohibido salir del municipio San Germán, en Holguín. Mientras, el periodista independiente continúa incomunicado, sin que se hayan presentado cargos en su contra.
La Seguridad del Estado amenazó este sábado a Lourdes Yen, esposa del periodista independiente preso Yosvani Anzardo con detenerla si abandona su municipio de residencia, San Germán, en Holguín, informó el escritor y periodista Luis Felipe Rojas, colaborador de CUBAENCUENTRO.com.
De acuerdo con Rojas, el jefe de la Seguridad del Estado en San Germán, mayor Rodolfo de Jesús Cepena Hernández, advirtió a Yen que no se tendrá en cuenta que tiene dos niños pequeños, y que si utiliza el teléfono de algún familiar o vecino, a estos les será cortado el servicio. El gobierno ya inutilizó las líneas de Yen y del padre de Anzardo.
Yen, quien es directora ejecutiva de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), colocó el sábado un cartel en la entrada de su casa que decía: "Liberen a Yosvani Anzardo".
Rojas dijo que miembros del CDR y el Partido Comunista se presentaron en su casa a pedirle que lo retirara, pero ella se negó argumentando que no se trataba de un letrero "contra el gobierno".
Ante la negativa, los simpatizantes del régimen regresaron con "agresiones verbales". Vecinos intervinieron a favor de ambas partes para evitar que hubiese un incidente. Finalmente, Yen decidió quitar el cartel. No obstante, su casa permanece bajo vigilancia.
Rojas resaltó que la prohibición de que Yen salga de San Germán, implica que no puede desplazarse a la capital de la provincia, donde se encuentra recluido su esposo, en la Unidad de Instrucción Penal.
Anzardo, arrestado el pasado jueves, continúa incomunicado. La familia ha podido llevarle comida, pero no se les ha permitido verlo. Las autoridades aún no han presentado cargos en su contra.
El periodista independiente dirige la publicación digital Candonga. En el operativo en el que fue detenido, las autoridades incautaron un fax, un teléfono celular y numerosos libros considerados "subversivos", y le acusaron de violar la Ley Mordaza, utilizada para enviar a prisión a 75 disidentes en la primavera de 2003.
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