Disidentes denuncian centenares de arrestos y actos de intimidación en lo que va de año

El opositor Consejo de Relatores de Derechos Humanos (CRDH) denunció en un informe que en lo que va de año se han producido en la Isla unos 500 arrestos y actos de intimidación contra disidentes, y al menos 26 activistas pacíficos han sido enjuiciados encarcelados.

"El gobierno cubano, lejos de apertura o liberar a algún prisionero de conciencia (…) continúa encarcelando a disidentes pacíficos, por defender los derechos humanos y ejercer las libertades públicas reconocidas en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, fabricándoles delitos de apariencia común", dijo la organización en su documento.

El Consejo, que periódicamente publica informes sobre la represión, dijo haber verificado "más de 500 arrestos políticos contra pacíficos defensores de derechos humanos, opositores, periodistas independientes y sus familiares, así como incontables actos represivos, de intimidación y terror contra la naciente sociedad civil y el pueblo en general, aumentando dramáticamente inclusive, la persecución religiosa".

"Numerosas personas permanecieron hasta cinco días en reclusión domiciliaria, cercadas sus viviendas por paramilitares y policías, bajo amenazas de actos de repudios y agresiones físicas, para impedirles participar en actividades cívicas y pacíficas", añadió.

Asimismo, alertó sobre "los alarmantes fallecimientos de personas jóvenes dentro de las prisiones".

"Tan sólo en 11 cárceles, 21 reos comunes murieron a causa del abandono, rigor, las palizas y los malos tratos", dijo el CRDH, que calcula en 250 el número de centros penitenciarios existentes en la Isla.

El gobierno se prepara para la visita del relator contra la tortura

El Consejo, aseguró que el gobierno está "preparando" las prisiones para una eventual visita del relator de Naciones Unidas contra la tortura.

"Miles de reclusos están siendo trasladados desde las prisiones severas hacia los campamentos cerrados de trabajos forzados ubicados en los montes, donde tienen las ventajas del aire y sol, pero están sometidos a rigurosas labores todo el día en la agricultura, por salarios de esclavos. Esto les permite a las autoridades descongestionar los destacamentos penitenciarios, eliminando el hacinamiento y otras deficiencias, así como ocultar el horrendo cuadro carcelario en que mal viven los cerca de 100.000 reclusos cubanos", señaló.

Citó informaciones del prisionero de conciencia del Grupo de los 75 Luís Enrique Ferrer García, según el cual se realizan "radicales cambios" en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba.

"Los destacamentos 2 y 8 fueron remozados totalmente, las literas cortadas quedando cada una sólo con dos camas, antes tenían tres (…) También pusieron colchones nuevos, tazas de baños y azulejos en las paredes. Hay higiene y amplitud. Las condiciones en estos dos destacamentos son tan buenas que los reclusos admirados dicen que parece un hotel. Hubo hasta inauguración y todo a finales de diciembre. Tienen capacidad para 56 personas, pero los mantienen por debajo", indicó Ferrer.

"Comenzaron a trasladar reos hacia otros centros carcelarios y campamentos de mínima severidad, con el objetivo de acabar con el hacinamiento y la falta de higiene. Ahora hay 800 reos. Cuando yo llegué aquí, en 2006, habían mucho más de 1000 y los militares han dicho que muy pronto será reducida esta cifra a solamente unos 500", añadió.

"Todo está siendo cambiado como para tratar de limpiar la imagen (…) Cualquiera que venga nunca podrá imaginar aquella cruda realidad", afirmó Ferrer, quien cumple una condena de 28 años de cárcel.

Uso "indiscriminado" de la acusación de peligrosidad social predelictiva

En cuanto a los encarcelamientos por motivos políticos en lo que va de 2009, el Consejo de Relatores de Derechos Humanos mencionó numerosos casos en Guantánamo, Holguín, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río, La Habana y Ciego de Ávila.

"El uso indiscriminado de la peligrosidad social predelictiva durante el año 2008 contra jóvenes y disidentes pacíficos levantó airadas y colectivas protestas en los tribunales. Miles de personas están encarceladas actualmente por esta causa, sin cometer delito alguno", dijo la organización, que también denunció la realización de juicios rápidos, a puertas cerradas y sin garantías procesales, y el aumento de penas a reos que ya cumplían otras condenas.

El Consejo pidió al gobierno que "lleve ante los tribunales penales a todos los prisioneros políticos o de conciencia que mantiene encarcelados desde hace años sin que medie sentencia o auto judicial".

Presos políticos enfermos

La organización se refirió también en su reporte a los casos de varios presos políticos que se encuentran enfermos en prisión.

Mencionó el caso de Librado Linares García, quien cumple una sentencia de 20 años en la prisión la Pendiente, de Santa Clara.

Su esposa, Magalis Broche de la Cruz, dijo que la salud del disidente "se deteriora más cada día por las condiciones carcelarias". Según el Consejo, a Linares le extirparon parte del intestino por la presencia de células displácicas. Además, padece enfisema pulmonar, entre otras enfermedades.

Normando Hernández González, sentenciado a 25 años, acusó al gobierno cubano "de estarlo asesinando". Padece síndrome de mala absorción gastrointestinal, duodenitis eritematoza, quistes en vesícula e intestino, colom irritable, avitaminosis y desnutrición. También tiene cefalea constante y dos vértebras comprimidas.

Los familiares del doctor José Luís García Paneque, condenado a 24 años, dijeron estar "profundamente preocupados por su mal estado de salud". Sufre de mala absorción gastrointestinal, desnutrición severa, problemas en la columna vertebral, un quiste en el riñón izquierdo, cálculos en el derecho y es asmático.

Otro preso político, Juan Carlos Herrera Acosta, padece cardiopatía izquémica, hipertensión arterial, artrosis cervical, sacrolumbalgia, asma, problemas renales y hepáticos, y hernia discal. Extingue una condena de 20 años.

Los cuatro disidentes son miembros del Grupo de los 75, encarcelados en la primavera de 2003.

La organización enumeró además casos de varios presos políticos que han realizado huelgas de hambre y contra los cuales las autoridades carcelarias utilizan a reos comunes peligrosos.

Iván Hernández Carrillo dijo que "ha sido víctima de agresiones físicas y amenazas de muerte".

"Estoy en un destacamento con 34 reclusos comunes de alta peligrosidad", denunció en abril pasado. "A varios de ellos los hostigan (…) y les aseguran que yo soy el responsable. Por ejemplo, uno era cocinero y lo expulsaron diciéndole que era por compartir conmigo; a otro lo requisaron bajo el pretexto de que guardaba mis denuncias, y a un tercero, encarcelado por asesinato y muy violento, le hicieron saber que perdió su trabajo por relacionarse conmigo", afirmó Hernández Carrillo, quien cumple 25 años de cárcel.

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