24 víctimas mortales de la violencia policial (II)

Durante todo el 2023, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos documentó al menos 936 incidentes que violaban las libertades religiosas en Cuba. Los datos recopilados muestran las violaciones contra personas públicamente identificadas como religiosas, así como contra otras que de manera asidua o esporádica asisten a cultos religiosos como una expresión de fe o de compromiso cívico. El OCDH documentó cuatro citaciones e interrogatorios en dependencias oficiales contra miembros del Centro de Estudios Convivencia, de inspiración cristiana, que promueve el pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba en diferentes sectores y temáticas.

Durante el año pasado, varios familiares de presos políticos denunciaron la negación de asistencia religiosa, como fue el caso de Roberto Pérez Fonseca y los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. También se recoge el ensañamiento contra el sacerdote yoruba Loreto Hernández García, preso político del 11J, quien no recibe en prisión la adecuada atención médica ni alimentación acorde con sus padecimientos. El 12 de junio de 2023, el religioso fue ingresado en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Universitario Arnaldo Milián Castro, de Santa Clara, debido a su delicado estado de salud. Igualmente, el sacerdote cubano Jorge Luis Pérez Soto denunció en sus redes sociales que, aunque estaba incluido por la Iglesia en la lista de invitados al encuentro con el cardenal Stella en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, fue excluido por “otras personas” a último momento, impidiendo su asistencia.

En 2023, el OCDH y El Toque realizaron una investigación conjunta sobre la violencia policial en Cuba durante los cinco años anteriores, no solo circunscrita al ámbito del activismo político y social. Los resultados arrojaron que al menos 95 personas murieron a manos de las fuerzas del orden desde 2018, y otras 287 sufrieron violencia policial no letal. La investigación define la “violencia policial” como el uso indebido o excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales contra individuos o grupos, resultando en lesiones, muertes o violaciones de los derechos humanos. Identificamos siete formas de violencia física perpetradas por las autoridades y destacamos la motivación política detrás de muchas de estas acciones, especialmente durante protestas y dentro del sistema penitenciario. Específicamente en 2023, la pesquisa demostró que se registraron un total de 239 incidentes violentos, involucrando a 145 víctimas, de las cuales 24 resultaron fatales. De esas 24 víctimas mortales, 4 perdieron la vida en estaciones policiales, 17 en centros penitenciarios y 3 en espacios públicos o viviendas.

En 2023, la represión alcanzó especialmente a periodistas independientes, comunicadores y reporteros ciudadanos. El OCDH registró un total de 278 acciones represivas dirigidas a este sector de la sociedad civil cubana durante el año. Además, la intimidación contra los comunicadores independientes alcanzó su punto máximo con la inclusión en la lista nacional de terroristas de un número significativo de youtubers, periodistas y opositores radicados mayoritariamente en el sur de la Florida. La represión contra los comunicadores estuvo acompañada además por la aprobación en mayo de 2023 de la Ley de Comunicación Social. Hasta la fecha, la ley no ha sido publicada en la Gaceta Oficial y las autoridades del régimen han asegurado que no entrará en vigor hasta tanto no se publiquen otras normas complementarias indispensables para su implementación.

Pésimas condiciones para ejercer la libertad de prensa

No obstante, el texto aprobado y la práctica represiva contra los comunicadores y periodistas independientes, demuestra claramente las pésimas condiciones existentes en Cuba para el ejercicio de la libertad de prensa. La Ley de Comunicación reconoce expresamente que en los medios de comunicación cubanos solo puede difundirse información política que exprese el “pensamiento revolucionario del pueblo y su acción transformadora como sujeto social para fortalecer el sistema político cubano y avanzar en la construcción de la sociedad socialista, con apego a los postulados refrendados en la Constitución”. Además, utiliza términos vagos y políticos para restringir el tipo de contenidos que pueden divulgarse a través de los medios de comunicación. Establece que los contenidos no pueden “subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social”, ni apoyar “la agresión comunicacional que se desarrolla contra el país”.

En el futuro cercano de Cuba, no se pueden anticipar resultados distintos al agravamiento de la represión y la limitación de derechos. La situación económica y social del país ha provocado un aumento de la tensión social y la incapacidad del régimen comunista y su modelo de desarrollo para cambiar la situación en el futuro inmediato, solo deja espacio a más represión y limitaciones de derechos. El IV informe sobre el Estado de los Derechos Sociales, elaborado por el OCDH en 2023, indica que el 88 por ciento de la población cubana vive en situación de pobreza extrema. Un aumento del 13 por ciento con respecto a 2022. Además, la preocupación por la crisis alimentaria aumentó cinco puntos porcentuales en comparación con 2022, alcanzando al 70 por ciento de los encuestados. Por otra parte, el 50 por ciento de los encuestados expresó preocupaciones relacionadas con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, y el 34 por ciento reportó preocupaciones relacionadas con la inflación incontrolable.

El informe también evidenció un deterioro en la calidad del sistema de salud pública. Más del 80 por ciento de los cubanos considera que la inversión pública en educación, vivienda, agricultura, salud pública y hospitales es insuficiente, y el 15 por ciento de la población ha consumido medicamentos vencidos. Además, el 62 por ciento tiene dificultades para adquirir productos básicos, y la cantidad de viviendas en peligro de derrumbe ha aumentado al 15 por ciento. Todo esto lleva a que el 86 por ciento de los cubanos critique la gestión económica y social del gobierno, y un 68 por ciento la califique como “muy negativa”.

Estas cifras representan un aumento significativo de 17 puntos porcentuales con respecto a 2022, año caracterizado por protestas sociales, especialmente vinculadas a la fuerte ola de apagones que afectó a los cubanos, sobre todo en el verano. La constante precarización de la vida solo puede indicar un resurgimiento constante de la protesta, y la respuesta más común y casi única del régimen cubano ante los reclamos en espacios públicos es la represión, cada vez menos encubierta.

El extenso historial represivo del régimen cubano no se ha tomado a nivel internacional. Eso le ha permitido haber sido reelegido como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en septiembre de 2023. No obstante, esa reelección fue cuestionada de manera implícita por el aumento de las críticas al régimen cubano durante el Examen Periódico Universal, realizado en noviembre de 2023. En su Informe Anual, el OCDH señala que entre los Estados que plantearon señalamientos en forma de recomendaciones, estuvieron aliados actuales del régimen cubano. Este ejercicio, la organización lo interpreta como un intento de una parte de la comunidad internacional, de poner una visión crítica, en lugar de los intereses políticos, económicos o ideológicos, en el centro del debate sobre los derechos humanos en Cuba. Y afirma que, pesar de ello, considera que la respuesta internacional sigue siendo insuficiente.

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