El chavismo continúa la cacería

En otro episodio de detenciones arbitrarias, el pasado lunes cuerpos policiales detuvieron a dos jóvenes activistas políticos de la organización política Vente Venezuela, que lidera María Corina Machado, luego de que hubieran compartido una actividad política con la líder opositora. Los detenidos son Javier Cisneros, coordinador nacional juvenil de esta organización política, y Gabriel González, del equipo de prensa. Doce horas después, Vente Venezuela dio a conocer que Cisneros fue liberado. En cambio, González sigue actualmente en paradero desconocido.

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), policía política del régimen chavista, detuvieron a los dos jóvenes y los trasladaron a la sede del Sebin, en El Helicoide. Allí, en presencia del tribunal segundo de Control con competencia en Terrorismo, habrían sido imputados por delito de “instigación al odio”, sin que se le permitiese contacto con familiares ni nombrar abogados de confianza, un patrón que se ha seguido últimamente con dirigentes y activistas opositores.

Esas detenciones irregulares se suman a la de otros tres activistas, en el estado La Guaira, en el norte de Venezuela. El 14 de junio fueron detenidos irregularmente el coordinador político regional Juan Iriarte, Jeancarlos Rivas, activista juvenil del partido Voluntad Popular, y el periodista Luis López. Sus familiares exigen a las autoridades judiciales la libertad de los tres porque no cometieron delito alguno.

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia y María Corina Machado denunciaron la nueva ola de persecución que ha desatado el régimen de Maduro. “Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es el régimen criminalizando la ruta electoral (…) En lo que va de año son 37 dirigentes y líderes políticos y sociales que han sido detenidos por la tiranía. Veinte de ellos están directamente vinculados a este comando de campaña; diez están detenidos y seis bajo la protección de la embajada de Argentina”, expresó Machado, quien nombró a todos los presos y perseguidos.

La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela explicó cómo fueron detenidos Cisneros y González: “El día de hoy, dos jóvenes que estaban trabajando en esta sede en las actividades del comando de campaña, salieron a comprar algo por acá cerca y fueron interceptados, detenidos y llevados al helicoide; ellos son Gabriel González y Javier Cisneros (…) Jóvenes muy queridos de esta casa, de esta familia y que su única dedicación es por la libertad de este país y por darle un futuro a otros jóvenes como ellos”.

Por su parte, Edmundo González Urrutia denunció que esto se trata de una nueva violación al Acuerdo de Barbados. “A poco más de un mes para el inicio de la campaña electoral hoy de ha consumado una nueva violación al Acuerdo de Barbados (…) Nosotros vamos a denunciar esta nueva arremetida del régimen en todas las instancias internacionales que corresponden porque no podemos permitir que se sigan cometiendo estas graves violaciones al acuerdo”.

Sin embargo, María Corina envió un mensaje a sus familiares y amigos: “Lejos de desmotivarnos, hoy tenemos más fuerzas para seguir”. Y llamó a la comunidad internacional a acompañarlos para que los venezolanos sientan que no están solos en esta lucha: “Yo quiero que el mundo entienda lo que toda esta enorme alianza y la sociedad venezolana estamos haciendo para garantizar que avanzamos de cara a un proceso electoral donde el 28 de julio todos los venezolanos podamos elegir libremente a quien hoy representa la aspiración de cambio, que es Edmundo González. Pero esto lo estamos haciendo en condiciones contrarias a cualquier estándar”.

Los venezolanos continúan sufriendo represión

Con estas detenciones, la cifra de presos en Venezuela supera las 280 personas con medidas restrictivas de libertad por motivos políticos, según el conteo de la ONG Foro Penal, y a 42 las víctimas de violencia político-electoral reportadas por la Fundación Paz y Reconciliación, en su primer informe en el contexto del proceso electoral para las elecciones presidenciales. Esos datos no hacen sino confirmar lo que Human Rights Watch informa en su web: “los venezolanos continúan sufriendo represión y las consecuencias de la crisis humanitaria. Hay más de 270 presos políticos. Cerca de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada. Más de 7,7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo”.

En ese informe, se recuerda que el 27 de junio de 2023 los jueces de la Corte Penal Internacional autorizaron la reanudación de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En septiembre, la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas determinó la comisión de graves violaciones de derechos humanos que replicaban los patrones de conducta que la Misión había calificado anteriormente como crímenes de lesa humanidad. Algunas acciones del gobierno, que incluyen la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la inhabilitación de candidatos presidenciales, aumentaron la preocupación sobre la posibilidad de que se celebren elecciones libres y justas.

Human Rights Watch denuncia que las autoridades persiguen, procesan penalmente y encarcelan a trabajadores sindicales, periodistas y defensores de derechos humanos, restringiendo el espacio cívico. Entre los problemas que persisten se incluyen falta de protección de pueblos indígenas; de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT); y de los derechos de mujeres y niñas. Asimismo, se hace notar que aunque se mantuvieron patrones de abuso, ha habido una transición de la represión generalizada de manifestantes en las calles a una represión aparentemente más selectiva que incluye vigilancia, acoso y criminalización. Sin embargo, como constató la Misión de Determinación de los Hechos, el gobierno de Maduro sigue teniendo la capacidad de recurrir a métodos de represión “duros” como tortura y asesinatos “para sofocar la disidencia”.

De acuerdo a la organización, desde 2014 más de 15.800 personas han sido objeto de detenciones por motivos políticos. De ellas aproximadamente 270 continúan detenidas, según informó en octubre de 2023 la red de abogados penalistas pro-bono Foro Penal. El 28 de ese mes, cinco presos políticos, entre los cuales está el periodista Ronald Carreño, fueron liberados, después de que el gobierno y la oposición reanudaran las negociaciones.

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