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Ley rusa, Veto, Georgia

Los pasos hacia un régimen autoritario

La presidenta de Georgia vetó la controvertida Ley de Transparencia sobre Influencia Extranjera, una norma similar a la que se aplica en Rusia para para crear listas negras de personas y asociaciones

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Tal como había anunciado, la presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, vetó el sábado la controvertida Ley de Transparencia sobre Influencia Extranjera, una norma muy similar a la que se aplica en Rusia para segar toda oposición. La llamada “ley rusa”, como se conoce en la denominación popular, obliga a los medios de comunicación y a las ONG a registrarse como “defensores de los intereses de una potencia extranjera” si reciben más del 20 % de su financiación del extranjero. De no hacerlo, se enfrentarían a multas. La oposición ya ha alertado que la ley allana el camino para la persecución de las formaciones políticas y ONG críticas con el poder.

En una intervención en la televisión, Zurabichvili afirmó: “Hoy he vetado la ley rusa. Por su contenido y su espíritu, es rusa y contradice nuestra Constitución y todos los estándares europeos. Obstruye nuestro camino a Europa”. Y declaró que “la ley no puede ser objeto de ningún cambio o mejora. Debe ser derogada”. Zurabichvili, cada vez más enfrentada al partido gobernante, declaró que la ley contradice la Constitución del país y “todas las normas europeas”, y añadió que “debe ser abolida”. El gobierno georgiano insiste en que la ley pretende fomentar la transparencia y frenar lo que considera una influencia extranjera perjudicial en el país de 3,7 millones de habitantes.

La ley ha desencadenado una crisis política en Georgia, donde miles de personas han salido a las calles de Tbilisi para exigir que se retire. La multitud ondeó banderas georgianas, de la Unión Europea y algunas de Ucrania y, en una ruptura con el pasado, incluyó a más manifestantes de mayor edad, así como a muchos jóvenes que han abarrotado las calles durante el último mes. Tras una de las últimas jornadas de protestas masivas, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, denunció la injerencia exterior en Georgia que presuntamente trata de presionar al Parlamento. Y en su conferencia de prensa del pasado martes expresó: “Constatamos el firme deseo de las autoridades georgianas de defender el país ante la injerencia clara en sus asuntos internos, tal y como hacen la inmensa mayoría de los países del mundo. Por otro lado, vemos una evidente injerencia exterior en los asuntos internos de Georgia”.

Los manifestantes han sido brutalmente dispersados por la policía, algo que viene ocurriendo desde el año pasado, cuando se produjo un primer intento de restringir las libertades públicas por parte del partido del Gobierno. Eso lleva a hacer un inevitable el paralelismo con las protestas del Maidan ucranio de 2014, en favor del acuerdo entre Bruselas y Kiev, que el entonces presidente prorruso Viktor Yanukóvich rechazó. Como le sucedió a Ucrania, en 2008 Georgia perdió la guerra frente a Rusia, que hasta hoy mantiene sus tropas en las repúblicas separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, escindidas gracias al apoyo militar de Moscú.

La ley ha sido calificada de rusa no solo porque se hace eco de la legislación rusa que ha obligado al cierre de medios de comunicación independientes y grupos de la sociedad civil. Además de la inspiración autoritaria de la lista negra que pretende crear, también ha recibido ese calificativo por ser empleada como obstáculo para la candidatura de Georgia a la Unión Europea. La misma fue reconocida el pasado mes de diciembre por Bruselas y es considerada por Moscú, al igual que sucedió con Ucrania, como parte de la ofensiva occidental contra el “mundo ruso”.

Putin no está dispuesto a perder Georgia

En la guerra de infiltración e interferencia política que desarrolla el Kremlin, ha logrado controlar el partido del Gobierno, denominado Sueño Georgiano. Lo ha hecho a través de su fundador, Bidzina Ivanishvili, ex primer ministro y oligarca que hizo su fortuna en Rusia. Desde hace doce años en el poder, Sueño Georgiano ha derivado hacia posiciones reaccionarias y tradicionalistas. Formalmente apoya la integración europea de Georgia, pero en los hechos obedece las órdenes de Putin. Rusia ya ha perdido mucha influencia en el Cáucaso, como resultado de las guerras entre Armenia y Azerbaiyán, que han llevado al primero de esos países a mirar a Europa y al segundo hacia Turquía. Así que ahora el amo del Kremlin no está dispuesto a perder Georgia.

La ley rusa significa un paso decisivo en esta orientación rusa en Georgia. Sueño Georgiano tiene bajo su control casi todas las instituciones del Estado. La excepción es la presidencia de la república, que es el único contrapeso aunque sin poder efectivo. La deriva definitiva de la república en favor de Moscú o de Bruselas se jugará en las elecciones legislativas de octubre. En ellas, el partido de Ivanishvili intentará controlar el Gobierno cuatro años más y perpetuarse como un partido único, una tarea que es facilitada por esta ley que limitará el control exterior del proceso electoral por parte de ONG y medios de comunicación.

En un artículo publicado en The Moscow Times, el abogado georgiano David Zedalashvili comenta que Ivanishvili ha mostrado señales claras de seguir los pasos del Kremlin. Emblemática de esto es la propuesta de enmienda constitucional “sobre la protección de los valores familiares y de los menores” para contrarrestar la “propaganda” LGBTQ+. Los proyectos de ley de “propaganda” e “influencia extranjera” LGBTQ+ fueron instantáneamente reconocidos como “leyes rusas” tanto dentro como fuera de Georgia. De acuerdo a Zedalashvili, no solo son textual y sustancialmente similares a sus equivalentes rusos, sino que también apuntan a lograr los objetivos que el Kremlin acaricia: el aislamiento de Georgia de Occidente y la creación de un régimen autoritario cerrado a imagen de Rusia.

Al ejercer este poder, sostiene el abogado, Sueño Georgiano e Ivanishvili finalizarían la transformación de Georgia en un régimen autoritario. La enmienda sobre la “protección de los valores familiares” sería el equivalente a la formalización constitucional de la autocracia por parte de Putin en 2020. Esta enmienda despojaría a la constitución de Georgia de sus características democráticas liberales. El proyecto de ley sobre influencia extranjera crearía un marco para un control social total al imponer restricciones a la libertad de expresión y reunión, implementar censura y perseguir efectivamente a personas por delitos de pensamiento.

Zedalashvili concluye su trabajo afirmando que “lo que estamos presenciando es la recreación de brutales prácticas estalinistas utilizadas durante la colectivización y el Gran Terror, adaptadas a las tecnologías y condiciones sociales modernas. El futuro de Georgia dependerá de si un movimiento de protesta abrumador puede derrotar al régimen y revertir de manera concluyente esta peligrosa trayectoria”.


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